EFE, Barcelona
La jueza de Barcelona encargada del caso del supuesto fraude cometido por los fundadores de Intervida ha decidido inhibirse en favor de la Audiencia Nacional ante la complejidad y el alcance estatal del mismo, a la vez que en su auto califica de "sangrante" la gestión de los responsables de esta ONG.
Intervida no ha querido valorar la decisión adoptada por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 17 encargada del caso, el fraude cometido supuestamente por los gestores de esta ONG, quienes habrían desviado millones de dólares procedentes del apadrinamiento de niños del Tercer Mundo hacia la constitución de empresas ajenas a esta actividad benéfica y social.
Según informó ayer la cadena Ser, la jueza ha optado por transferir el caso a la Audiencia Nacional para evitar dilaciones en su tramitación y, tras analizar la documentación a la que ha tenido acceso, considera en su auto que "hasta el momento la única actividad real que ha realizado y realiza la Fundación Privada Intervida es la de captar dinero de sus padrinos".
La magistrada considera que "no se ha hecho ningún seguimiento ni control" para ver si este dinero se dedicaba "realmente" a mejorar "las condiciones de vida del sector de la población más necesitado".
Para la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, con la estructura de esta organización, sus fundadores tenían como objetivo obtener capital a través de diversas sociedades en España, Guatemala y Perú "para destinarlo al mundo empresarial y, más concretamente, a los sectores de la construcción e inmobiliario y bancario". Destaca la "sangrante creación de colegios de elite, no precisamente para menores desfavorecidos", lejos de los usos para los que los padrinos de la fundación habían aportado sus participaciones económicas.
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