Barcelona, EFE Un estudio del Instituto de Estudios Autonómicos (IEA), organismo perteneciente a la Generalitat, critica la tardanza con la que los poderes públicos han reaccionado a las necesidades del colectivo de ex presos políticos del franquismo y las trabas que exigen para acreditar la condición de ex preso.
Concretamente, el estudio, titulado "Normativa autonómica relativa a la reparación económica de los ex presos políticos de la dictadura franquista", considera que el requisito de haber permanecido un mínimo de tiempo encarcelado para obtener ayudas y la exigencia de tener un mínimo de edad son cuestiones que "no acaban de estar solucionadas".
En alusión al requisito de una estancia mínima en prisión para beneficiarse de una ayuda económica, el estudio ve de "difícil justificación" que las disposiciones aprobadas, ya sea por las comunidades autónomas o por el Estado, mantengan este tipo de limitación.
Mientras que en Cataluña se exige un mes en prisión para poder acceder a prestaciones, el resto de autonomías siguen criterios diferentes.
En Canarias, Castilla y León, Baleares y La Rioja no se solicita una estancia mínima en prisión, mientras que la Comunidad Valenciana reclama acreditar tres años de permanencia en cárceles franquistas.
Según el estudio, dirigido por la profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) Argelia Queralt, las reparaciones económicas deben ser entendidas como un reconocimiento al sufrimiento vivido por los ciudadanos que fueron represaliados por la dictadura franquista por defender un régimen político democráticamente legitimado.
Sobre la imposición de un límite de edad, el estudio señala que la legislación también debería dar cobertura a aquellos que fueron represaliados durante los últimos años del régimen.
Por otra parte, el estudio denuncia la "dificultad contante" de acreditar las privaciones de libertad efectivas y los períodos de tiempo pasados en los centros de reclusión.
En este sentido, advierte de que éste no es un problema nuevo ni desconocido por parte de los poderes públicos, puesto que ya fue puesto de manifiesto por el Defensor del Pueblo en 1996.
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