Una asociación denuncia prácticas irregulares en procesos de expulsión de inmigrantes

Cádiz, EFE La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) en Cádiz denunció hoy que la Subdelegación del Gobierno realiza "prácticas irregulares" en los procedimientos de expulsión de inmigrantes, ya que se llevan a cabo "antes de que acabe el plazo para recurrir" que tienen los extranjeros.

En conferencia de prensa, el abogado especialista en inmigración de APDH-A, Diego Boza, indicó que esta situación, que ya denunciaron a finales de julio, "se sigue produciendo", y aseguró que están obteniendo "sentencias contrarias a la expulsión incluso cuando los inmigrantes ya han sido repatriados".

Este es el caso de Josiane Aparecida de Lima, una joven brasileña de 26 años que reside ilegalmente en Chiclana de la Frontera (Cádiz) y que el pasado día 13 fue "retenida en la comisaría de Cádiz, a la que tiene que ir a firmar todos los lunes, y fue enviada al aeropuerto de Barajas de Madrid para ser enviada a su país", aseguró Boza.

Según la familia y APDH-A, la joven tenía de plazo hasta el próximo 2 de septiembre para poder recurrir el auto de expulsión, y cuando su cuñada, Tania Dos Santos, fue a la comisaría para preguntar por ella "también la retuvieron para impedir que la encontrara".

El abogado de la joven logró la paralización de la expulsión que ordenó el Juzgado Contensioso-Administrativo número 1 de Cádiz, por lo que "la sacaron del avión y la dejaron en el aeropuerto sola, sin dinero y sin facilitarle un billete de vuelta a Cádiz, aunque logró ponerse en contacto con su familia gracias a la solidaridad de algunas personas", afirmó Boza.

La Asociación Pro Derechos Humanos aseguró que el problema estriba en que "el Tribunal Supremo entiende que no corresponde la expulsión cuando hay situación de arraigo económico y familiar, como es el caso de Josiane, sino una multa por encontrarse de forma ilegal en España".

La joven lleva en esta situación dos años, por lo que "hasta el año que viene no puede hacerse nada por cambiarla, ya que así lo indica la legislación", aunque "tiene posibilidad de conseguir un contrato laboral y voluntad de regularizar su situación en España", indicó a Efe el abogado de la organización.

Además, Josiane "cumplía con su obligación de acudir a comisaría todos los lunes y estaba localizada en todo momento", agregó.

La asociación presentó el auto del Juzgado en el que "se suspende la expulsión hasta que se produzca la vista definitiva", que tendrá lugar dentro de "seis o siete meses", indicó el abogado de la misma.