UN EJECUTIVO CON MÁS PERSONAL

... El aumento del número de altos cargos en el nuevo Gobierno canario no es una buena noticia porque el incremento del gasto público jamás lo es. La administración debe contratar y pagar a los profesionales suficientes para que la gestión de los asuntos públicos y los servicios funcionen lo mejor posible, es decir, debe velar por el ciudadano, que es en primera instancia quien abona los sueldos de los gobernantes y los innumerables gastos que ocasionan. Contar con más cargos públicos no significa que se vaya a gobernar mejor, porque la calidad, en política como en tantos otros apartados de la vida, no se halla en la cantidad, sino en la habilidad, la voluntad y el sacrificio. En ocasiones basta con una mera reestructuración del organigrama, con un mejor aprovechamiento de lo ya existente, para lograr unos resultados más satisfactorios. Es innegable que las agencias que ha incluido en el Ejecutivo el nuevo presidente abordan asuntos de plena actualidad, y que muchos de ellos forman parte de las preocupaciones de un alto porcentaje de los canarios, pero resulta dudoso que las políticas que se pretenden aplicar en tales ámbito, si finalmente se aplican, no se pudieran llevar a cabo con una administración menos inflada, más acorde con unos tiempos en los que la necesaria productividad, aplicada también a la gestión pública, determina la conveniencia de que el gasto en sueldos tienda a disminuir. Puede que bastara con unos simples reajustes en el aparato gubernamental para contar con instrumentos específicos en materias como la lucha contra el cambio climático, la investigación o el desarrollo sostenible.

... Pero el gasto excesivo en altos cargos no se limita a la administración autonómica, cuya repercusión en los presupuestos públicos es casi ridícula si se compara con la de otras administraciones, las locales, que también se han acostumbrado a unas prácticas de contratación totalmente ajenas a la austeridad y al control del gasto que se le debe exigir a un gestor público. Así, históricamente los gobiernos estales y autonómicos y los ayuntamientos han sido malos patrones, contratando demasiado y a veces a destiempo, e incrementando con ello enormemente la deuda de las arcas públicas. Probablemente el ejemplo más claro de gestión disparatada durante décadas haya sido el de la corporación Radio Televisión Española, un inmenso agujero que ahora, con un plan urgente, se ha querido cubrir, pero basta con analizar la cantidad de empresas públicas existente, en las que rigen idénticos criterios que en gobiernos y ayuntamientos a la hora de contratar y gastar, para darnos cuenta de lo mal empleados que en ocasiones están los recursos públicos. En cualquier caso, al Gobierno de Canarias habrá que concederle el beneficio de la duda.