Icod

CABE SUPONER, sin necesidad de un arduo esfuerzo imaginativo, que entre los funcionarios municipales de Canarias existen algunos felones que no aplican la ley cuando deben sino cuando les conviene. O, simplemente, no la aplican nunca. Cabe suponer igualmente, y por extensión de la idea, sin que tampoco ese esfuerzo imaginativo adicional nos deje herniados, que también pululan por esos municipios de Dios agentes de la Policía Local más proclives a la prevaricación que al cumplimiento estricto de las normas. Sin embargo, uno está obligado a pensar que se trata de excepciones. La inmensa mayoría, la inmensísima mayoría, de estos profesionales son esencialmente honestos. En caso contrario estaríamos perdidos.

Con este esquema de circunstancias resulta necesario realizar un esfuerzo no ya imaginativo sino simplemente de raciocinio común, para entender por qué un señor llamado Juan José Dorta recurre al manoseado asunto de la venganza personal a la hora de justificar las acusaciones contra él por un presunto delito de prevaricación. Contra él y contra siete de su ex tenientes de alcalde -¿todos cobraban del erario?- en el Ayuntamiento de Icod, pues Dorta fue el primer edil de esa localidad durante la pasada legislatura.

No niego ni afirmo, como sí lo hace el ex alcalde Dorta, que el origen del litigio esté en el rencor de un funcionario a quien la Corporación que él presidía le retiró un sobresueldo por productividad. Absoluto desconocimiento de los hechos por mi parte aplicable, asimismo, al otro vengador señalado por el ex alcalde. En este caso un policía local de Icod, al parecer expedientado por no acudir a su trabajo cuando la tormenta "Delta".

Indudablemente serán los tribunales los que decidan quién ha obrado correctamente y quién ha cometido un delito; en el supuesto de que alguien lo haya cometido, claro está. No obstante, y sin intención alguna de caer en esos tantas veces aludidos -y criticados- juicios paralelos, se me antojan algunas preguntas acaso evidentes. ¿Construyó o no el anterior alcalde una casa en Santa Bárbara, presuntamente sobre suelo rústico y con licencia de obra menor? Bien es verdad que a lo mejor era sólo una casita pequeña. Una caseta para el can o algo parecido, pero no uno de esos cuartos de apero con doscientos metros cuadrados, jardín y piscina aparte. Que es lo usual, aunque no sea este el caso. Por añadidura, ¿edificó o no edificó la ex concejal de Obras durante el mandato de Dorta, y también con licencia de obra menor, en un terreno supuestamente inhábil para construcción alguna? Más aún: ¿se levantó un inmueble de varias plantas en la calle Granaderas de Icod, pese a que los técnicos municipales advirtieron que la normativa vigente lo impedía?

Podemos discutir hasta el fin de los tiempos la existencia del paso del Noroeste, la posibilidad del movimiento perpetuo y hasta el sexo de los ángeles. Las cuestiones planteadas, empero, tienen un debate tan limitado como sencillo. Basta visitar los lugares donde están esos edificios y comprobar, acto seguido, cuál era y es la situación urbanística de las parcelas que los albergan. En un solo día -en una sola mañana, para que ningún funcionario se traumatice gravemente por trabajar después de las tres- se puede dilucidar el asunto. Lástima que esta vez los acusados no sean de CC o el PP, sino del PSOE. Qué disgusto debe tener López Aguilar. Estas cosas acaban hasta con un Terminator.

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