El estatuto cumple un año sin moverse

La propuesta del nuevo Estatuto de Canarias fue aprobada por el Parlamento Regional el trece de septiembre de 2006. Dentro de diez días cumplirá un año. Al pueblo canario, sencillo y llano, le importa un pimiento este Estatuto. Ni lo conoce, ni le interesa. Ningún poder público, por otra parte, se ha tomado el trabajo de explicárselo.

El Estatuto lleva un año parado, sin moverse. Ojalá no se mueva nunca, y si se mueve que sea para tirarlo a la papelera. Lo menos que se puede decir del mismo es que es un mal Estatuto para todos los canarios. Desde el preámbulo hasta la última disposición está plagado de errores. Adán Martín, en uno de los múltiples desaciertos de su andadura política, creó en mayo de 2004 un comité de expertos cuya función debió haber sido pensar y no copiar. Desde entonces han pasado más de tres años y seguimos igual. A este comité de expertos siguió la ponencia parlamentaria, fiel reflejo de los enfrentamientos que marcaron la pasada legislatura, y que fracasó en su intento inicial de llevar a Madrid el nuevo texto a comienzos de 2005. La demorada presentación de enmiendas fue la última de las dilaciones que sufrió el texto.

Los denominados expertos carecieron de imaginación, o no les dejaron llevar a cabo sus ideas. No subsanaron aquel gravísimo error histórico de Jerónimo Saavedra con el Estatuto vigente, y que no fue otro que la utilización de la fotocopiadora para calcar lo hecho por otras comunidades autónomas. Ahora lo que se ha copiado, y además cobran por ello, es el Estatuto de Cataluña. Una copia que puede servir para Andalucía o la Comunidad Valenciana, pero que en Canarias, por múltiples razones y argumentos obvios, no pasa de ser mero papel mojado si no se acompaña del necesario revestimiento que nuestras singularidades y peculiaridades insulares requieren en estos momentos.

Nuestro Estatuto, a semejanza de Baleares que no tenía ninguna tradición histórica cabildicia -pero que inteligentemente articuló su autogobierno en los Consejos Insulares- pudo basarse en la realidad que significaba la existencia de los Cabildos Insulares. Unos cabildos históricamente enraizados y queridos, y respetados por nuestro pueblo. Queridos por todos, en cada isla, por sus hechos y sus obras a lo largo de los años. Un Estatuto, así nacido, no solo no hubiese extrañado a nadie, sino que desde el inicio hubiese sido algo consustancial con nuestro pueblo.

El Gran Cabildo de Canarias pudo haber sido el equivalente al actual Gobierno. Y los consejeros de los distintos Cabildos serían los Diputados actuales. Todo ello, lógicamente, debidamente sopesado, estudiado y articulado. ¿Qué hubiésemos conseguido con semejante regulación, podría preguntárseme?, dos cosas a mi juicio muy importantes. La primera de ellas es fundamental: suprimir una administración de las cuatro que tenemos en Canarias. Casi nada. Y además, aumentando indudablemente la eficacia administrativa en la gestión, ahorrar al erario público miles y miles de millones anualmente. La segunda, ya la he apuntado, sintonizar desde el comienzo con todo el pueblo canario. Dije al principio que el actual Estatuto no le interesa prácticamente a nadie.

Claro está, y soy consciente de ello, que lo expuesto anteriormente es ya una mera quimera. Pero con este brindis al sol quiero significar también que no podemos seguir por este camino carente de imaginación y realismo. Canarias necesita un Estatuto muy distinto al que cumple un año parado, y aún estamos a tiempo de reaccionar y rectificar. Será durante muchos años nuestra norma fundamental y cualquier improvisación puede resultar fatal. Un Estatuto acorde con la realidad de cada isla y que haga justicia a todas sin favoritismos ni agravios comparativos.

El solo hecho de no regularse en el mismo una nueva normativa electoral para Canarias, que tantas y aberrantes injusticias ha deparado en su actual formulación en todos los procesos electorales, es causa y razón suficiente para desechar rotundamente el nuevo proyecto estatutario.

Pero es que además, y al margen de todo lo anterior, el proyecto estatutario actual solo ha servido para que los tres grandes partidos con representación parlamentaria en nuestra Cámara se tiren los trastos a la cabeza. ¿Cómo se puede defender de esa forma o manera algo que interesa de forma tan fundamental a todos los canarios?, tenemos que preguntarnos todos. La propuesta del nuevo Estatuto de Canarias fue defendida en el Parlamento por los llamados nacionalistas de Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE), mientras que el Partido Popular (PP) votó en contra de la iniciativa. Sin embargo, los cambios suscitados en la política regional desde comienzos de año, cuando comenzó a perfilarse el entendimiento entre CC y PP que desembocaría tras las elecciones autonómicas en un nuevo gobierno de pacto entre ambas formaciones, han hecho variar sustancialmente las posiciones de los distintos partidos.

Vemos así que el Partido Popular ya está de acuerdo en este asunto con Coalición Canaria, variando sustancialmente su posición. Y, "a sensu contrario", los socialistas han hecho pública su pérdida de interés en que el nuevo Estatuto pueda sortear su paso por Madrid antes de que se disuelva el Congreso de esta legislatura. Incluso el proyecto canario puede posponerse al debate de los Estatutos de Castilla La Mancha o el de Castilla y León, ambos enviados con posterioridad al Congreso.

Por si fuera poco, hay que debatir y aprobar, antes de las elecciones de marzo, los presupuestos generales del Estado. Y una Ley que dicen que pesa mucho -¡Dios mío, que país!- la de la Memoria Histórica.

La conclusión de todo esto no puede ser otra que Canarias, los canarios, nuestro pueblo, su Estatuto y sus problemas, siguen importando muy poco o nada a los grandes partidos políticos y a Madrid como sede del gobierno de la nación. Los hechos son tozudos y hablan por sí mismos.

Comienza a oírse otra vez, como siempre en vísperas de elecciones generales, la necesidad de la unión de todo el pseudo-nacionalismo verbenero que disfrutamos, para que pueda escucharse, una vez más, la voz de Canarias en Madrid. Pero ya nadie cree en semejante majadería. Como si tres o cuatro diputados -por si fueran demasiados, divididos- pudieran alterar la voluntad de un Gobierno.

La única voz que escucharía Madrid es la de una Canarias fuerte, unida y dotada de las máximas competencias estatutarias. Por eso es preciso cambiar este Estatuto. Una voz que se respete y haga valer desde esta tierra, en el mismo momento que se alza y sin necesidad de recorrer dos mil kilómetros para sentarnos en un escaño del Congreso de los Diputados, donde siempre seríamos pequeños. Queremos, como lo quiso Cambó para Cataluña, una Canarias grande dentro de una España grande.

Y también necesitamos, y mucho, políticos de verdad que, al estilo de la meritoria Rosa Díez, no acepten el gran sueldo a cambio de un ronzal.