EL DÍA, S/C de Tenerife
La creación de un único órgano independiente del Gobierno, la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que aunará las labores investigadoras y resolutivas -hasta ahora repartidas en el Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal- es el logro más comentado de la nueva Ley de Defensa de la Competencia, que entró ayer en vigor.
Esta norma, que limita la intervención del Ejecutivo en los procesos de concentraciones empresariales, intensifica la batalla contra los abusos de posición de dominio en el mercado, y da a las empresas un mayor protagonismo en esta misión.
La nueva ley da mayor precisión a las sanciones en España, que puede llegar al 10% del volumen de negocios de una empresa. También cambiará mucho el panorama la posibilidad de las empresas de acudir a la justicia cuando vean amenazada la competencia en su sector, independientemente de la investigación o resolución que se haga desde la CNC. En lo sucesivo, ante una operación, una empresa podrá ir a un juez y pedir medidas cautelares, daños y perjuicios, sin esperar al pronunciamiento de la autoridad de Competencia. Otra novedad es la autoevaluación de las empresas sobre los acuerdos restrictivos con otras compañías, sistema que elimina la autorización previa y obliga a las sociedades a decidirse "en función del análisis de los mercados y de su propia posición competitiva". La nueva CNC inicia su andadura inmersa aún en un proceso de transición, en el que los antiguos vocales del Tribunal (8) serán ahora los nuevos miembros del Consejo (6) hasta el final de su mandato. Todos a excepción de uno, el hasta ahora vicepresidente del TDC, Javier Huerta, que con su salida adelanta el cambio al nuevo Consejo hasta su nueva configuración con seis vocales.
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