Canaria se queda sola

La unión hace la fuerza , máxime cuando se fundamenta en la lógica, el sentido común y la razón, pero sobre todo cuando encuentra su origen en un proceso histórico que desemboca de forma ineludible en la convergencia de elementos hasta entonces disgregados. Es el caso del nacionalismo canario, una ideología que comenzó a fraguarse hace seis siglos, desde el mismo momento en que el Archipiélago fue invadido por las huestes castellanas y los aborígenes convertidos en esclavos y humillados en el viejo continente como meras atracciones de feria. En los siglos venideros los territorios coloniales españoles, tanto los americanos como los africanos y asiáticos, experimentaron el surgimiento de movimientos políticos que tuvieron como última y evidente consecuencia la separación del Estado español y el logro de la soberanía, un episodio tras el cual la inmensa mayoría de ellos establecieron unos lazos de hermanamiento con la madre patria que hoy en día se mantienen con vehemente y recíproco respeto. Pero ese proceso de descolonización aún no ha acabado, y no lo hará hasta que Canarias deje de ser lo que no es y retome su propia identidad, un objetivo que pasa, como resulta obvio, por la consecución de la soberanía. Y es que durante siglos, con especial voluntarismo en las últimas décadas del XX, las autoridades españolas han tratado de integrar al Archipiélago dentro del entramado administrativo estatal como si se tratase de un territorio peninsular más, una grotesca decisión cuya finalidad no es otra que disfrazar con las formas los innegables abismos de fondo, porque las Islas ni pueden ser un trozo de la Península, sencillamente por su carácter insular, ni pueden recibir un trato similar al de las regiones españolas, incluido el archipiélago balear, tan cercano al territorio peninsular. Acaso los promotores del engaño institucional que concede a Canarias idéntico trato que a Asturias, Valencia o Cataluña, pese a tratarse de un archipiélago atlántico ubicado a mil quinientos kilómetros de distancia, ignorasen dichas condiciones de lejanía e insularidad; acaso pensasen que con ello contentarían a quienes se preguntan el porqué de muchas cuestiones, entre ellas cómo es posible que unos políticos tomen decisiones que afectan a sus vidas con un océano de por medio si ese, precisamente, fue el argumento para que otros territorios de ultramar lograsen su ansiada soberanía. Pero, como reza el dicho, se puede engañar un poco a muchos o mucho a unos pocos, pero jamás mucho a una multitud, y sobra decir que las argucias políticas y administrativas de las autoridades estatales se toparon con las críticas y la oposición de los intelectuales canarios hace dos siglos, lo que ha desembocado en un movimiento nacionalista que, aunque con altibajos, ha evidenciado su efectividad a la hora de exigir ante las autoridades estatales un mejor trato a las Islas. Ese movimiento, no obstante, ha venido sufriendo en los últimos años la enfermedad de la desavenencia, objetivo número uno de las formaciones políticas estatalistas y de sus delegados en Canarias, quienes desde una única isla, Canaria, y una única ciudad, Las Palmas, se esmeran en dinamitar todo aquello que suene a reivindicación, equidad y justicia, sencillamente porque son los principales interesados en que el Archipiélago permanezca el mayor tiempo posible en el sinsentido jurídico en el que se encuentra, tanto internamente con la división en dos provincias y dos capitales, aberrante decisión que data de 1927 y hay que "agradecer" a Madrid, como externamente con un trato constitucional similar al de las regiones españolas cuando, a la vista está, Canarias no es una mera región, sino un territorio especialísimo que requiere, obviamente, un estatuto especialísimo.

Pero el permanente empeño de Las Palmas y Madrid en ningunear la identidad del Archipiélago, en obviar el papel que por justicia y rigor histórico le corresponde, se enfrenta ahora a un nuevo intento de las formaciones nacionalistas por unificarse, un proceso que no puede tener otro fin que el fortalecimiento electoral de tal movimiento y la negociación con el Estado de un estatuto que de una vez, porque no cabe esperar más, contemple el reconocimiento de los canarios de todo origen y condición como pueblo con identidad propia y diferenciada a la de las regiones españolas y, en consecuencia, reconozca una soberanía ya inaplazable. Resulta, no obstante, harto curioso que en dicho proyecto reunificador participen sólo los partidos nacionalistas más importantes de seis de las siete islas, y, cómo no, que el único partido que se haya negado a aportar su esfuerzo a tal iniciativa sea, precisamente, de Canaria. Y es que Canaria, los falsos nacionalistas canariones, han vuelto a quedar en evidencia, han demostrado una vez más que el Archipiélago como tal les importa un bledo; que su único objetivo es mantener la artificiosa preeminencia de la tercera isla; que, en definitiva, ellos forman parte de la clase política canariona, tan preocupada por ella misma, por su desangelada isla y por su "capitá", casi tanto como por inclinarse ante quienes les tiran de las orejas desde dos mil kilómetros de distancia. Román Rodríguez, la cabeza visible de ese falso partido nacionalista y sin duda el peor presidente que ha sufrido Canarias, ya dio muestras de su exacerbado insularismo en su inolvidable mandato, por pésimo y dañino para Tenerife y el resto de las Islas, al frente de la administración autonómica, que le tocó en una lotería y no supo asumir igual que, llegado el momento, tampoco supo admitir con clase y elegancia que fue un catastrófico dirigente y debía marcharse.

Canaria, una vez más, porque se ha convertido en costumbre en el último siglo, se ha quedado sola frente a Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro, porque de sobra saben sus poderes fácticos que un proceso de reunificación del nacionalismo y de exigencias ante Madrid conllevará el retorno a la lógica histórica y al sentido común, eso que los canariones tanto detestan y a buen seguro se encargarán de torpedear con todos los medios posibles y, por supuesto, con la connivencia de los mandamases estatales. No ignoran que la Canarias justa y equilibrada que defiende el auténtico nacionalismo, cuyas directrices se encuentran a años luz de planteamientos étnicos, excluyentes, intervencionistas, opresores o antiespañoles, acabaría con las tres grandes mentiras del Estatuto, fuente de desunión entre los isleños y por ello objetivo último de los poderes estatalistas que tan bien representan los políticos de Las Palmas, entre ellos, aunque se disfrace de recalcitrante canario, el propio Román Rodríguez, tan apegado a su escaño madrileño. Porque un proceso de unificación nacionalista debe incluir entre sus primeras medidas la superación de los obstáculos que impiden el resurgimiento de un Archipiélago donde primen la justicia y la equidad, y de esa forma, sin mayor dilación, erradicar irregularidades estatutarias tan graves como la utilización del apócope "gran" para denominar a una isla que no es "gran", sino la tercera, Canaria, con lo que se evitaría la humillación del resto y el falseamiento de la realidad. Asimismo, resulta del todo necesario enumerar a las islas en orden decreciente en función de su superficie, como ocurre en cualquier texto jurídico, tal es el caso del otro archipiélago integrado en el estado español, Baleares. De la misma manera, la reforma estatutaria tiene la obligación histórica de respetar el escudo tradicional de Canarias, donde por motivos sobrados Tenerife destaca entre el resto, una enseña que se ha adulterado con un diseño que muestra a las siete islas con el mismo tamaño y, de esa forma, evita desacreditar el aberrante "gran" de Canaria. Claro que tal estatuto autonómico no debe ser un objetivo, sino un medio, un paso más en el logro de ese documento especialísimo que reconozca la soberanía de Canarias, pero su reforma, o mejor, la reforma de la reforma en la que tanto hemos insistido desde estas páginas, hará las veces de antesala del texto definitivo, lo que convierte no sólo en conveniente, sino en imprescindible, acabar de una vez con todo aquello que ponga en peligro la unidad de los canarios de las siete islas para mayor gloria de Madrid y Las Palmas. Pero de lo que no cabe duda es de que el proceso de unión del nacionalismo tendrá que enfrentarse con un sinfín de obstáculos que idearán tanto los partidos estatalistas como los falsos nacionalistas, por lo que ahora más que nunca aquellas formaciones políticas cuyas decisiones últimas se toman en Canarias, sin depender de premios o reprimendas del amo peninsular, deben ser conscientes de su responsabilidad, de que las Islas se enfrentan a un momento histórico ante el que tales organizaciones deben mantenerse a la altura de tan importante circunstancia.

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Los territorios, los pueblos, se valen de diferentes instituciones para verse representados, y en ellas depositan buena parte de sus esperanzas e ilusiones. Entre tales entidades se encuentran los clubes deportivos, convertidos en una suerte de bandera de las sociedades de las que forman parte. Es el caso del Club Deportivo Tenerife, un equipo de fútbol que a su rica historia, a sus hazañas en las principales competiciones, suma como principal valor unir a su alrededor a tinerfeños y canarios de las siete islas y de toda condición e ideología. Por ello, sus éxitos son los éxitos de todos, y todos debemos apoyarlo como algo nuestro, porque las ilusiones colectivas redundan en una mayor cohesión social, en una ciudadanía más consciente de su propia valía y más motivada. El Tenerife se estrena hoy en casa en una temporada que llega cargada de grandes expectativas, acaso las más fundadas de los últimos años. Ayudar a que se materialicen es en buena medida misión no sólo de los directivos, el cuerpo técnico y los jugadores, sino de todos quienes quieren ver a este club donde por justicia le corresponde: en Primera.