E.C., S/C de Tenerife
El Gobierno de Canarias ha solicitado una reunión con el Ministerio del Interior para presentar el nuevo proyecto de ley de la Policía canaria y empezar de nuevo a negociar la creación del cuerpo de seguridad autónomico.
Así lo anunció ayer el consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, que ayer volvió a plantear este proyecto como una de las máximas prioridades del Ejecutivo de Paulino Rivero. De hecho, va a ser uno de los primeros proyectos de ley que se presenten en la nueva legislatura, y es posible que el anteproyecto vaya a Consejo de Gobierno antes de que finalice el mes de septiembre, lo que permitiría que en cuanto se inicie la actividad parlamentaria, en el mes de octubre, la Cámara regional empiece a tramitar la ley.
Se trata la tercera vez en que el Gobierno intenta sacar adelante esta ley. En las dos legislaturas anteriores no lo consiguieron, ya que tanto PP como PSC, por distintas razones se opusieron.
En esta ocasión, Ruano se mostró convencido de que los populares no darán marcha atrás, como ocurrió en el pasado, y tal y como aparece en el pacto que se firmó entre CC y PP, apoyarán la ley. Para ello, el proyecto que mandará el Gobierno al Parlamento insiste mucho más que los anteriores textos en el carácter complementario de la Policía canaria a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
En cuanto a la posición del Ministerio del Interior, que siempre se ha mostrado reacio a la Policía canaria, tanto cuando ha gobernado el PP como cuando lo ha hecho el PSOE, el Gobierno regional espera que ahora haya mucha mayor receptividad al proyecto.
Se trata de algo esencial, ya que aunque según Ruano el cuerpo autonómico de seguridad se puede poner en marcha sin el visto bueno de Madrid, ya que el actual Estatuto de Autonomía recoge esta posibilidad, la pretensión de la Comunidad Autónoma es que el Gobierno central pague una parte importante de poner en marcha la Policía canaria.
En concreto, el proyecto de Ruano es que el Gobierno canario sufrague en un primer momento la puesta en marcha del cuerpo de seguridad con 300 agentes, que podrían estar en la calle en un plazo de tres o cuatro años.
A partir de ahí, la idea es que Madrid financie otros 1.400 agentes, con lo que el despliegue definitivo sería de 1.700 policías autonómicos para todo el Archipiélago.
Desde Canarias se pretende convencer al Ministerio del Interior de que financie este proyecto con la excusa de que si esos nuevos 1.700 agentes están en la calle, el Gobierno central se "ahorraría" otros tantos policías nacionales y guardias civiles, que ya no serían necesarios en el Archipiélago.
José Miguel Ruano insistió ayer en que Interior no puede poner trabas a esta iniciativa, si se tiene en cuenta que hace sólo unos pocos meses, en el mes de mayo, dio el visto bueno a la creación de una policía autonómica en Galicia. En este sentido, recordó que sería muy extraño que desde Madrid se apoyo este proyecto de un Gobierno dirigido por el PSOE y el BNG, y se oponga al propuesto por el Ejecutivo canario, de CC y PP.
Ruano recordó, además, que en el plazo de unos pocos meses hay unas elecciones generales que podrían suponer un cambio del partido que gobierna a nivel nacional. Al respecto, recordó que el pacto entre nacionalistas y populares que se firmó en junio y que recoge la Policía canaria fue apoyado por la dirección nacional del PP.
En cualquier caso, el consejero de Presidencia insistió que este proyecto es prioritario para el Gobierno y que va a salir adelante con el objetivo de reforzar la seguridad del Archipiélago. Según insistió, esos agentes tendrían numerosas competencias, y no sólo las relacionadas con escolta y custodia de edificios públicos.
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