COLPISA, Madrid
El PP promoverá en el Parlamento la disolución de los ayuntamientos que gobierna Acción Nacionalista Vasca (ANV) mediante la aplicación de la Ley de Régimen Local que otorga al Consejo de Ministros tal prerrogativa, recientemente aplicada en el municipio de Marbella. Además de esta iniciativa, el PP abrirá el nuevo curso parlamentario con la repetición de su propuesta para que urgir al Gobierno a poner en marcha el procedimiento previsto para ilegalizar esta formación que considera heredera de Batasuna.
El portavoz parlamentario popular, Eduardo Zaplana, explicó que su grupo propondrá a la cámara instar al Gobierno a que disuelva las corporaciones municipales de los ayuntamientos con alcaldes de ANV o donde concejales de este partido formen parte del equipo de gobierno. Recordó que la Ley de Régimen Local contempla esta posibilidad que ya se ha aplicado en otras ocasiones y que permitirá expulsar de los ayuntamientos vascos "a una organización terrorista".
Según Zaplana, esta medida puede ponerse en marcha "inmediata o simultáneamente" con el procedimiento para la ilegalización de ANV. Señaló que se podrá impedir así que una formación política que el PP considera parte de ETA pueda recibir financiación a través de los ayuntamientos en los que gobierna. Además, indicó que el gabinete de Zapatero puede elegir el procedimiento que le parezca más oportuno aunque su grupo parlamentario es partidario de utilizar el cauce que ofrece el artículo 61 de la Ley de Régimen Local.
Esta norma prevé que el Consejo de Ministros adopte tan drástica resolución en el caso de que las corporaciones locales incurran en una "gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga un incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". También estipula que son dañosos a estos efectos "los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo de forma reiterada y grave al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".
Para el PP, "ANV nunca tendría que haber llegado a los ayuntamientos", según señaló Zaplana, quien recordó que el Gobierno no instó la ilegalización de esta formación política antes de las elecciones municipales. Tras la ruptura del alto el fuego, denunció que ETA buscó asesinar con coches bomba y reprochó a los concejales del partido abertzale que se hayan negado a rechazar los atentados terroristas.
"Conviene que los terroristas sepan que se va contra ellos con toda contundencia", comentó y añadió que los socialistas tienen en esta propuesta un "vehículo extraordinario" para demostrar que "no se quedan sólo en las palabras". Con idéntico objetivo, los populares someterán a votación la aplicación de la Ley de Partidos Políticos a ANV en una iniciativa idéntica a la que el resto de grupos parlamentarios rechazaron antes de la ruptura del alto el fuego de ETA.
Búsqueda de indicios
Las propuestas del PP fueron acogidas en el Gobierno con escepticismo y frialdad. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dejó claro que, a pesar de los últimos atentados de ETA y la negativa de ANV a condenar los ataques, el Ejecutivo no tiene intención de promover su ilegalización, y mucho menos de disolver los ayuntamientos, si no hay nuevos indicios que vinculen al partido con el "entramado" etarra.
El titular de Justicia explicó que las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional antes de las pasadas elecciones municipales "dejaron muy claro" que haber ilegalizado todas las candidaturas de ANV el 27-M hubiera sido "desproporcionado". Aseguró que el Gobierno será "coherente" porque, por ahora, la situación no ha variado sustancialmente.
Fernández Bermejo señaló que, con estos precedentes, la Abogacía del Estado sólo podría actuar si las "circunstancias cambiasen" y las fuerzas de seguridad encontraran pruebas "jurídicamente relevantes" de que el partido abertzale está al servicio de la banda terrorista.
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