EL DÍA, Candelaria
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) de ayer publicó una resolución de la Viceconsejería de Ordenación Territorial ordenando la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC del Plan General de Ordenación (PGO) de Candelaria, documento aprobado definitivamente el 20 de julio de 2006 por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) y actualmente está en vigor. El acuerdo citado fue recurrido ante la justicia.
Los recurrentes, según aparece en el BOC, son la entidad Promotora Punta Larga (en dos ocasiones), José Manuel Hernández Herrera, Bárbara Rodríguez Cruz, Simón Rueda Inmobiliaria, José Higuera Leal, Quintans y Hernández, Juan Carlos Pérez Ferraz y otros y Luis Javier Senante Mascareño.
Según los datos a los que ha podido acceder EL DÍA , los motivos por los que acudió a la vía judicial PPL, empresa del presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Antonio Plasencia, son su discrepancia con que el Ayuntamiento de Candelaria haya determinado un 20% de aprovechamiento medio en el suelo recalificado para crear un Polígono Industrial en la franja superior a la autopista más próxima al límite geográfico con Arafo. La empresa recurrente entiende que debe ser del 10% en función de lo que determina la ley.
Otro de los motivos que arguye PPL para recurrir es que en el Plan General de Ordenación de Candelaria no se refleja la cesión de varios miles de metros cuadrados a PPL en cumplimiento de un acuerdo plenario adoptado, por unanimidad de la corporación, durante el periodo en el consistorio fue gobernado por el pacto CC-PP.
Este asunto fue uno de los argumentos que empleó el grupo municipal de Coalición Canaria (CC) durante el mandato anterior para oponerse a la aprobación del PGO, advirtiendo su entonces portavoz, Pedro Iván Rodríguez, que la no inclusión de ese suelo en el Plan podría tener consecuencias graves para el ayuntamiento. La cesión de dicha superficie sería la devolución a PPL del exceso de suelo que la entidad promotora entregó a la Administración municipal en concepto de cesión obligatoria durante el desarrollo de la zona de Punta Larga.
El gobierno municipal, formado por el PSC-PSOE, pospuso su pronunciamiento sobre este asunto.
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