EFE/N.M., Madrid
El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo promovidos por el grupo parlamentario popular y los Gobiernos de la Comunidad de Madrid, La Rioja y Canarias.
La diferencia existente con estas dos autonomías se encuentra en el hecho de que el Ejecutivo autonómico propuso al Estado abrir una negociación antes de llegar al alto tribunal, una posibilidad que fue rechazada por éste, según explicó ayer el secretario general de la Presidencia, Fernando Ríos Rull.
Según las respectivas resoluciones del Tribunal Constitucional, se admiten a trámite los referidos recursos y se trasladan las demandas y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno, para que en un plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular sus alegaciones.
El Gobierno canario recurrió la normativa aduciendo que invade competencias del Archipiélago. En concreto, se rechaza que el Estado sea competente para imponer la reserva del 30 por ciento de la edificabilidad residencial para viviendas sujetas a algún régimen de protección, ya que se trata de una decisión que deben tomar los organismos autonómicos.
Otra de las cuestiones apuntadas se refiere a los preceptos de la nueva ley que regulan actuaciones de transformación urbanística relacionadas con la urbanización y dotación. El Gobierno regional considera que la regulación de la transformación urbanística compete en exclusiva a la Comunidad, al igual que en la regulación de los procedimientos especiales para la aprobación de los planes generales.
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