Escándalo en el Constitucional

NO ES FÁCIL formalizar la utopía de la absoluta división de poderes preconizada por Montesquieu porque los seres humanos -y también obviamente los profesionales del Derecho- son animales políticos y no pueden -ni deben, seguramente- hurtarse a las circunstancias que los mediatizan y rodean. Así, es materialmente imposible que los magistrados del Tribunal Constitucional se abstraigan completamente de su entorno, como si fueran ángeles, o ignoren las consecuencias, en ciertos casos de extraordinaria importancia en todos los sentidos, de sus propias decisiones.

La constitucionalidad o no del Estatuto de Cataluña, contra el que se han interpuesto varios recursos -el más relevante y mejor fundamentado, el del Partido Popular-, tiene indudable trascendencia porque el empeño de promulgar la nueva carta catalana fue un designio muy arduo, cargado de complejidades y siempre en el límite de lo posible desde el punto de vista de la legalidad. Pero esta importancia no justifica las marrullerías que se están desarrollando en el seno del Tribunal Constitucional entre los magistrados "conservadores" y "progresistas", excitados unos y otros por los partidos políticos afines que promovieron en su momento su elección. Todo con el fin de deshacer la situación de relativo empate -seis magistrados conservadores frente a seis progresistas- que, en circunstancias normales, se ha resuelto en esta legislatura gracias al voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas, considerada progresista. Se da por cierto que el TC no se pronunciará sobre el Estatuto catalán hasta después de las generales, pero no por ello la crispación en torno a este asunto es menor.

La historia es conocida: primero, tras la presentación de los mencionados recursos, prosperó la recusación de uno de los magistrados progresistas, Pérez Tremps; después, y contra la reforma de la ley orgánica del TC que ha prorrogado el mandato de la presidenta desde junio y hasta la renovación del Tribunal (que debería producirse en diciembre pero que probablemente se pospondrá por falta de consenso), el PP ha presentado recurso, ya admitido a trámite, en cuya resolución no participará Casas ni el vicepresidente Jiménez porque su abstención ha sido aceptada por el pleno en otra polémica votación. Finalmente, ante este nuevo desequilibrio, el Gobierno ha anunciado oficiosamente que recusará a dos magistrados conservadores -Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García Calvo- porque ambos pidieron meses atrás la dimisión de la presidenta, con lo que expusieron su punto de vista jurídico y prejuzgaron por tanto la cuestión. Si prospera esta recusación, confirmada indirectamente por el ministro Fernández Bermejo y en la que ya está trabajando el abogado del Estado, tan sólo ocho magistrados -cinco progresistas y tres conservadores- resolverían sobre el Estatuto de Cataluña.

Todo esto no llega evidentemente a la opinión pública de una manera diáfana porque son vicisitudes muy técnicas pero esta sociedad es muy sensible e intuye con gran sutileza los escándalos, también los judiciales, y el que protagoniza el Tribunal Constitucional, una institución clave de la democracia por cuanto a ella le corresponde nada menos que velar por la genuina integridad del régimen, es de suma gravedad. Y aunque este sistema político -como nuestra cultura laica- es por propia naturaleza escéptico y desconfiado, poco proclive a sacralizar las instituciones o las personas que las encarnan, no cabe duda de que estos acontecimientos indecorosos están reduciendo la credibilidad del modelo a su mínima expresión. A este paso, los equilibrios internos, los "checks and balances", que aseguran el buen orden democrático, se convertirán pronto en cenizas.