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El grupo en defensa de La Culata insiste en denunciar obras ilegales en Boquín

La asociación ha remitido una carta al director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, Pedro Pacheco, para pedirle que "obligue al Cabildo a cumplir la ley en la reforma de la finca".
2/oct/07 01:11
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EL DÍA, Garachico

La Asociación Pro Defensa de los Acantilados de La Culata insiste en denunciar la existencia de supuestas obras ilegales promovidas por el Cabildo de Tenerife en la Finca Boquín, en Icod, una parcela de 174.573 metros cuadrados de terrenos agrícolas donde la administración insular trabaja para crear un gran museo agrícola al aire libre. Con motivo de la celebración de la segunda jornada de puertas abiertas de la finca, este colectivo realizó actos de protesta y volvió a denunciar públicamente la supuesta existencia de numerosas irregularidades administrativas en la tramitación de las obras de reforma de cuatro viviendas tradicionales; la apertura de caminos, pistas y escalinatas; la construcción de muros de piedra, y otras actuaciones menores promovidas por el Cabildo.

El colectivo remitió ayer una carta al nuevo director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, Pedro Pacheco, en la que le solicita que "obligue al Cabildo a cumplir la ley en la reforma de la finca Boquín y trate a todo el mundo por igual. No se puede castigar a vecinos de mala manera por reparar una casa y ellos hacer vías, reformas y muros sin licencia y que no pase nada".

Además, le recuerdan que en abril de 2007 solicitaron copia del expediente de las obras y una reunión con el anterior director de la agencia, "sin que hasta el día de hoy se haya producido respuesta".

El consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife, José Joaquín Bethencourt (CC), aseguró en marzo que la polémica con el anterior grupo de gobierno del Ayuntamiento de Icod por las obras ejecutadas en la finca Boquín estaba cerrada tras el levantamiento del precinto por orden judicial. Respecto al colectivo que denunció las obras aseguró que "tienen derecho a discrepar", al tiempo que reconoció que podían existir "deficiencias administrativas en la tramitación de las obras, pero todas perfectamente subsanables".

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