¿Quién cree ya en la Justicia?

HACE AÑOS le invocaba yo al decano del Colegio de Abogados de Madrid, en un asunto profesional, razones de justicia y, con el ceño fruncido, me espetó: "¿Pero Ángel, tú todavía crees en la justicia?". Debería ser una pregunta tremenda, casi estremecedora. Pero, para un abogado con varios años de ejercicio profesional, triste y lamentablemente, solo le resta una leve sonrisa como toda respuesta.

Y es que, poco a poco, y en este país, la justicia se ha ido convirtiendo en otra cosa. O lo que es lo mismo, ha ido desapareciendo. No el entramado administrativo y formal, lo que conocemos como Administración de Justicia, que se ha agigantado en pocos años, sino la credibilidad y la distancia con los ciudadanos. Nadie cree ya en la justicia, y todos temen acercarse a ella para resolver sus problemas. Una justicia cada vez más desesperadamente tardía e inoperante; más cara y menos profesionalizada; más influenciable y politizada; más generadora de inseguridades jurídicas para los justiciables que escrupulosa con el respeto al principio de legalidad. Muchas veces, una justicia más de sorteo o tómbola, es decir, una auténtica injusticia de principio.

¿Dónde está en estos momentos la tutela judicial efectiva que proclama el Art. 24 de la Constitución? La garantía de que en España toda persona tiene derecho no sólo a un juicio adecuado en materia penal, de llegar el caso, sino también a obtener la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos en cualquier ámbito, tal y como pueden serlo el civil, mercantil, administrativo o laboral se encuentran en entredicho y obviamente cuestionada por la sociedad.

Todos tenemos derecho también a un proceso público "sin dilaciones indebidas". Sin embargo, la mayoría son dilaciones inexplicables e incomprensibles. Por no referirme a muchos de mis clientes, personalmente llevo más de un año esperando una sentencia de un juzgado de instancia en un procedimiento civil de intromisión ilegítima en el honor. En el ámbito penal, mi grupo municipal en el Ayuntamiento de Santa Cruz lleva también un año largo de espera para que se dicte alguna resolución en la denuncia formulada contra los responsables municipales de una presunta falsificación de informes en documento público y en el caso del Instituto García Cabrera. Tampoco se sabe nada, cuando han transcurrido casi dos años, del caso Fórum, remitido al juzgado de Instrucción numero cinco de Santa Cruz de Tenerife por el juez Garzón, y en que aparecían implicados el alcalde Zerolo y otros.

¿Y qué decir de la jurisdicción contencioso-administrativa, que todavía no ha resuelto la disparatada pretensión del alcalde de Santa Cruz de no poderse ejecutar la sentencia de nulidad de la compraventa del frente de playa de Las Teresitas dictada por el Tribunal Supremo? Politizada o no, ¿puede llamarse a esto justicia efectiva? ¿A qué esperan para resolver un asunto tan poco complejo y a la vez tan simple?

¿Es justicia llevar a los tribunales al presidente de la principal asociación de víctimas del terrorismo, Francisco José Alcaraz, por no estar de acuerdo con la negociación con ETA y discrepar de Zapatero? ¿Es justicia que el fiscal no esté presente en la comparecencia judicial del agresor a la joven ecuatoriana -como no está presente en la mayoría de las declaraciones- ocurrida en Barcelona, y, tras la gran repercusión mediática e informativa del hecho, solicite al siguiente día prisión por un delito contra la integridad moral? ¿Quién mueve la Justicia?

Ni qué decir tiene por otra parte que ya no se renovará el politizado Consejo General del Poder Judicial antes de las elecciones de marzo, con todo lo que ello supone para el normal funcionamiento de la institución que gobierna a los jueces.

Finalmente, la crisis de la justicia llega al más alto nivel y daña la imagen de nuestra máxima institución, el Tribunal Constitucional. Nunca habíamos visto a una vicepresidenta abroncar públicamente a la presidenta de dicho Tribunal. Igual de insólito, y en una decisión inédita, ha de inscribirse el hecho de que el Gobierno recuse a dos magistrados del Tribunal Constitucional aduciendo su contaminación para resolver el recurso contra la prórroga del mandato de su presidenta. A continuación, el Partido Popular comete el error de utilizar las mismas armas que critica al Ejecutivo, es decir, recusa a otros tres magistrados del denominado "bloque progresista" del Alto Tribunal. La acción del Gobierno y la desacertada medida del Partido Popular han colocado al Tribunal Constitucional al borde del bloqueo.

Las anteriores líneas son solamente una tenue radiografía de la situación actual de la justicia en España. Los ciudadanos no confían y se alejan de ella. El partido que gane las próximas elecciones generales, y la oposición mayoritaria, tendrán que afrontar como tarea primordial e ineludible un gran pacto por la justicia. Así no podemos continuar. El poder judicial es el principal soporte de todo Estado de Derecho, y la justicia el último y gran reducto en el que pueden refugiarse los ciudadanos.