El PSOE, de perfil

LA LUZ VERDE al debate de Presupuestos tras rechazarse las seis enmiendas a la totalidad, la recusación por parte del PP de otros tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC), y, ayer, la proclamación de Mariano Rajoy en Valencia como candidato de su partido a la presidencia del Gobierno, son tres de los hechos más destacables de esta semana política. Todo guarda, naturalmente, estrecha relación con las elecciones: no puede ser de otro modo. Y quizás deberíamos consignar también en estas líneas otro hecho que es, en realidad, un no-hecho, igualmente significativo: el PSOE se ha puesto de perfil y ha vivido estos días ocultando sus disidencias internas, las venganzas entre sus dirigentes y los excesos verbales comprometedores de algunos socialistas notorios.

La reconocida habilidad del PSOE para entrar o salir a su conveniencia de los medios de comunicación, sin embargo, no ha podido impedir otro episodio electoralmente perjudicial, otra vez protagonizado por el nuevo "bocazas" del Gobierno, el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que ha anunciado un nuevo modo de acceso a la Judicatura sin pasar por las oposiciones: si ganase el PSOE, ha dicho, habilitaría unos cursos para los mejores expedientes de Derecho, en los que se les instruiría en "la vida", y consistirían en hacer pasar a los candidatos a juez por hospitales, periódicos, mercados, bancos?, y así salir del olimpo académico y conocer la vida de primera mano. El más romo observador percibe a primera vista que con esta originalidad se abre un enorme campo a la arbitrariedad en la selección de esos posibles futuros jueces; la interferencia en la independencia de los jueces, marca de la casa socialista. La ocurrencia del ministro, sin embargo, también podría ser una forma de desviar la atención de los problemas internos del PSOE: creando un debate donde no hacía ninguna falta se deja de debatir sobre lo que es necesario hacerlo. Cualquiera sabe.

El TC, al colapso

El Partido Popular ha reaccionado a las dos recusaciones socialistas contra otros tantos magistrados del Tribunal Constitucional presuntamente "conservadores", de las que hablé la semana pasada; y lo ha hecho con las mismas armas que el PSOE: ha recusado a tres magistrados presuntamente "progresistas". Digamos que hay que traducir estos adjetivos engañosos así: los "conservadores" son los que se presupone que consideran inconstitucionales las leyes zapatéricas recurridas, y los "progresistas", por el contrario, son los predispuestos a declarar que se ajustan a la Constitución. Nada que ver, pues, ni con el conservadurismo o el progreso.

La reacción de los medios de comunicación ante esta actitud del Partido Popular ha sido unánime de reproche a este proceder, aunque por razones bien diferentes: los más afines al Gobierno han acusado al PP de intentar provocar el bloqueo del Tribunal, que se quedaría sin el quórum requerido para tomar acuerdos. Los medios más críticos con el Gobierno, a su vez, han criticado al PP por practicar lo que censura en el PSOE. No es lo mismo, aunque lo parezca

En este asunto las apariencias pueden engañar fácilmente, pues da la impresión de que desde todas partes se reclama dejar al TC trabajar tranquilo y sin presiones ni interferencias. Qué bien. Pero la diferencia entre la misma reclamación hecha por unos u otros reside en el momento al que hay que retrotraerse para lograr esa serenidad de los magistrados, que no es el mismo momento, desde luego. El sentido común indica que habría que volver a la situación del TC antes de la primera interferencia, lo que equivale a determinar quién empezó esta guerra. Y resulta que todo empezó con el intento de prorrogar el mandato como presidente (en este caso, presidenta) del Tribunal hasta llegar al fin de su mandato como magistrado. Esta iniciativa de aspecto inocente esconde la prórroga del privilegio de tener voto dirimente en caso de empate. ¿Y quién fue el que hizo la sugerencia? El PSOE. ¿Por qué? Porque convenía a sus intereses en relación con las leyes recurridas. Ésta es la realidad. Lo demás son puras ganas de confundir.

Rajoy, candidato

Valencia, feudo electoral del PP, ha sido el escenario elegido para la proclamación de Mariano Rajoy como candidato a la Presidencia del Gobierno. El discurso del presidente popular ha sido deliberadamente positivo, apenas sin referencias al Gobierno ni a los partidos que lo soportan. Ha hablado mucho de España, de la seriedad y el sentido común a la hora de gobernar, de la protección de la familia, del progreso económico, de la fiabilidad y el prestigio en el campo internacional, de la libertad de las personas y la unidad de la nación española. Ha prometido un nuevo consenso nacional en materias básicas.

Ha sido, pues, el discurso de un líder con vocación de gobierno, aunque algunas de sus propuestas se sepa de antemano que van a ser de cumplimiento imposible, como, por ejemplo, ese consenso nacional. Los acontecimientos de los últimos años han disparado las tensiones políticas centrífugas y han dado renovadas alas a las formaciones separatistas, con las que es de todo punto quimérico pretender consensuar nada que vaya en dirección distinta de la fragmentación de España. Pero sabido esto, el discurso de Rajoy ofrece muy pocos flancos vulnerables en los meses que quedan hasta la cita con las urnas.

Posdata

El caos en las infraestructuras de Barcelona sigue rampante, y el Gobierno no ha encontrado mejor modo de escurrir el bulto que echando todas las culpas a la empresa constructora del tendido del AVE, así que ha anunciado la rescisión del contrato con ella. Además del previsible pleito que siga a esta decisión, lo más probable es que la fecha comprometida por Rodríguez Zapatero para la inauguración haya de retrasarse. A no ser que se prefiera hacerse la foto a garantizar la seguridad. Y eso, sin contar con las responsabilidades políticas inevitables, que se pedirán, como es natural.