El alcalde dice que la resistencia vecinal al derribo de las casetas alarga la agonía

D.M., Fuencaliente

El alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, manifestó ayer a este periódico que la resistencia mostrada por los vecinos el pasado viernes para evitar el derribo de las casetas del litoral previsto para ese día por la Dirección General de Costas, que finalmente no se produjo por su gran presión, lo único que hace es prolongar una agonía porque, advirtió, "Costas ha dejado claro que no va a dar marcha atrás en esta actuación y antes o después todo lo que está dentro del dominio público lo va a retirar porque así lo ha decidido".

Alonso reconoció que se trata de un "trago amargo para todos y también para mí como alcalde, que he agotado todas las vías para salvar los asentamientos", pero insistió en que es un proceso irreversible, de modo que hizo un llamamiento a la calma a los vecinos afectados "para aprovechar esta coyuntura, sentarnos con Costas y negociar por lo menos que la costa de Fuencaliente tenga una zona de ocio y esparcimiento para todos los vecinos". "Estamos -dijo- todavía en un momento en que eso se puede conseguir".

Señaló en este sentido que "hemos ofertado una parcela que tiene el ayuntamiento de 30.000 metros y vamos a negociar con la Dirección General. De hecho, yo posiblemente estaré antes de un mes en Madrid buscando la forma de que en esa parcela se pueda hacer una actuación pública para todos, tanto para los que tienen casetas como para los que no tienen, ya que la reubicación no procede".

Con respecto a las cuatro familias que están fijas en las casetas, el alcalde dijo que una no va a tener problemas porque en enero se le entrega una vivienda de protección oficial, y a las tres restantes les garantizó que "no las vamos a dejar desamparadas, ya que desde el ayuntamiento le echaremos una mano para que tengan una vivienda en otro sitio".

Gregorio Alonso además defendió la postura mantenida por el grupo de gobierno en este conflicto porque "nosotros hemos llegado hace tres meses y nos encontramos con esta situación que no tiene marcha atrás y por eso tenemos que mirar para adelante", espetó.

Preguntado por si hay enfrentamiento entre los vecinos que han firmado autorizando el derribo y los que no lo han hecho, el alcalde dijo que él no ha notado ninguna división y que ha cumplido con su deber informando a los vecinos de las consecuencias de la demolición voluntaria y judicial "En función de eso, cada uno ha decidido lo que ha querido, sabiendo que al final todas las casetas se van a tirar". Las familias que no firmen la autorización (sólo lo han hecho 40) tendrán que pagar los costes de la demolición, que oscilan entre los 1.500 y 3.000 euros.

Barcos de protesta.- Sin embargo, pese a que parece que el derribo es cuestión de horas o de días, una vez abortado el primer intento, los dueños de las casetas que se resisten a firmar, decidieron ayer por la tarde "plantar" varios barcos de pesca en medio de la plaza del ayuntamiento para escenificar así nuevamente su oposición a la demolición de unas casetas que consideran parte de su vida. Además, cargaron con una mesa, calderos, leña, cañas y aparejos de pescar, rememorando la vida en estas edificaciones. Las pancartas en contra de los derribos tampoco faltaron ayer.

Quien tampoco da por perdida la batalla es el colectivo Tagoror Amigos de Fuencaliente que confía en que el presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, cumpla el compromiso que adquirió el 23 de septiembre de incoar el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural para las casetas, porque "una vez incoado el expediente se debe paralizar cualquier actuación sobre los asentamientos, quedando la zona protegida, hasta la resolución final del mismo".