COLPISA, Madrid
Ninguna de las pruebas practicadas en el juicio del 11-M avala la tesis de que ETA pudo estar relacionada con la masacre. Han sido tres años y siete meses de continuos ataques a la investigación del juez Juan del Olmo, de insidias sobre el comportamiento de las fuerzas de Seguridad, de intentos de deslegitimar el resultado ofrecido por las urnas el 14 de marzo de 2004. Ayer, la Audiencia Nacional desveló cual es el sustento de la conocida como "teoría de la conspiración": la nada más absoluta.
Ha sido un argumento recurrente que ha copado titulares de prensa, espacios radiofónicos y el debate político a lo largo de la legislatura. Es tal el desprecio del tribunal a la tesis etarra que en la sentencia no gasta una línea en el ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera, que aseguró la existencia de un informe policial que señalaba a ETA como autora. Pese a que alguna defensa pidió que fuese investigado por mentir en el juicio, la sala se conforma con el proceso por desobediencia que le abrió en su momento.
Los "conspirativos" detectaron agujeros en la versión oficial desde el primer momento, desde el descubrimiento aquella misma mañana de la Renault Kangoo usada por los terroristas. La Policía que la revisó frente a la estación de Alcalá de Henares no encontró nada raro, pero en el registro realizado horas después en dependencias policiales aparecieron detonadores, restos de dinamita y una cinta con cantos coránicos. Acaso, insinuaron, porque alguien los puso allí después con fines espurios.
El tribunal rechaza toda sospecha y defiende "lo escrupuloso de la actuación policial", que en el lugar de los hechos se limitó a comprobar que la furgoneta no representa un peligro y que cualquier prueba que pudiese contener quedaba a buen recaudo. La cadena de custodia quedó asegurada "pues desde Alcalá de Henares a las dependencias policiales de Canillas en Madrid la furgoneta es transportada por una grúa que va escoltada por la policía".
El hilo de la madeja
También alguien pudo llevar hasta la comisaría de Vallecas la mochila-bomba que, desactivada aquella madrugada en el cercano parque de Azorín, fue el hilo que permitió deshacer la madeja de la autoría de la masacre. Varias defensas, apoyadas en informaciones periodísticas, alegaron que, inútil como prueba ese artefacto, destruía todo el proceso.
"Las partes mezclan en totum revolutum la cadena de custodia con la insinuación de que la bolsa con explosivo no estaba en realidad en el tren que explosiona en El Pozo y con la valoración de la prueba y consiguiente credibilidad de la misma en orden a formar la convicción del tribunal", entiende la sala, que considera vano el intento porque "los tribunales no pueden atender a especulaciones, insinuaciones, elucubraciones o hipótesis basadas en hechos negativos de los que no aportan el más mínimo indicio".
Y como una de las pruebas que señalaba a los procesados era el explosivo utilizado en el atentado, los defensores de la teoría de la conspiración recordaron que la aparición de nitroglicerina en la muestra M1 procedente del foco 3 de la estación de El Pozo permitía intuir la intervención de un segundo grupo de autores en la masacre, o al menos de un segundo proveedor de la célula sospechosa.
El tribunal considera probado que en todos los casos aparecen componentes de la "Goma 2 Eco", lo que indica que esta dinamita estuvo presente en todos los focos de los trenes, si bien no se puede descartar la presencia de otra u otras marcas de dinamita, hipótesis que no desvirtúa la principal: que todo o gran parte del explosivo utilizado proviene de la explotación minera conocida como mina Conchita.
La "teoría de la conspiración" también se alimentó de un argumento delirante: los sucesos de Leganés fueron un montaje policial cuyo objetivo fue encubrir la muerte de siete inocentes cuyos cadáveres congelados fueron trasladados al piso de la calle Carmen Martín Gaite número 40 de la localidad madrileña para que la voladura del inmueble y el bulo de su suicidio les convirtiese en falsos responsables de los atentados contra los trenes y tapar así la autoría etarra.
José Luis Abascal, abogado de Jamal Zougam y Basel Ghalyoun, pidió la anulación de las autopsias practicadas a los cadáveres de los "yihadistas", la absolución de sus clientes.
Su argumento "soterrado, poco claro y siempre confuso" según el tribunal, es que si no se sabe cómo murieron los "yihadistas" "es porque se ha querido ocultar lo realmente acaecido" por lo que existe una duda razonable que exculpa a sus clientes.
© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |Aviso legal | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD