Los trabajadores del hospital anuncian máxima conflictividad

N.D., S/C de Tenerife

El Comité de Empresa del Hospital Universitario de Canarias (HUC) anunció ayer que se acerca un periodo de "máxima conflictividad" en el centro ante la "inminente" integración de éste y su personal en el Servicio Canario de la Salud (SCS).

Los representantes de los empleados del hospital informaron ayer de la reunión que mantuvieron el pasado viernes con la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Mercedes Roldós, para plantearle las necesidades del centro y conocer los proyectos que tiene para éste.

Explicaron que centraron el encuentro en dos planteamientos fundamentales. En primer lugar, pidieron que se mantenga la condición de empleados públicos "a todos los efectos" de los trabajadores del Consorcio Sanitario de Tenerife (CST), al que pertenece el HUC. Para ello, pidieron la retirada de la nueva política del Gobierno autónomo según la cual la plantilla del CST no podrá beneficiarse de los derechos futuros que tengan los empleados públicos del Archipiélago. Se trató además la adecuación presupuestaria a las necesidades reales del centro, que, desde el punto de vista de los trabajadores, conlleva eliminar las restricciones de plantilla, así como la búsqueda de un compromiso por parte de los responsables políticos para que éste sea tratado a efectos presupuestarios como cualquier otro hospital de tercer nivel del SCS.

Respuesta

"La respuesta de la consejera no pudo ser más decepcionante", aseguraron ayer desde el Comité de Empresa. "Ni reconoce nuestra cualidad de empleados públicos con iguales derechos, deberes y garantías que los trabajadores del SCS ni se compromete a equilibrar los desfases presupuestarios", añaden.

Criticaron que en un momento de la reunión Roldós diera por hecha la integración y que comentara que ésta pudiera llevarse a cabo por medio de un proceso similar al que se produjo en el Hospital Insular de Gran Canaria, que fue por decreto.

Los representantes de los trabajadores del HUC no recibieron de buen grado estas afirmaciones, pues argumentan que las condiciones del Insular en ese momento no eran las mismas que las del centro tinerfeño, que, a su juicio, tiene unas especificidades y unos derechos adquiridos que temen que no se respeten. Informan de que se han propuesto un objetivo que es "alcanzar el estatus de empleados públicos de primer nivel que la Consejería de Sanidad nos quiere negar contra toda lógica". "Lo que sí podemos adelantar es que se acerca un periodo de máxima conflictividad", concluye el Comité de Empresa.