El Canal de Araya demanda vigilancia y control continuo o precintará un tramo

MEDINA/PEÑA, Candelaria

El consejo de administración del Canal de Araya acordó ayer demandar de las autoridades la adopción de medidas de control y vigilancia permanente "del foco probable de contaminación" que provocó el corte de suministro de agua producido el viernes pasado afectando a unas 70.000 personas. Medida que debe estar en vigor "hasta que a quien competa, que no es esta empresa, proceda a retirar el grupo electrógeno ajeno al canal que se encuentra en las inmediaciones del mismo". En caso de persistir la situación actual, "no podemos hacernos responsables de lo que ocurra", por lo que se plantea "precintar ese tramo ante el riesgo de que pueda repetirse el hecho".

La gerente, Patricia Pérez, trasladó ayer a la Fiscalía el expediente correspondiente al último incidente y remitió la solicitud de vigilancia y control al Ayuntamiento de Candelaria, al Consejo Insular de Aguas, a la empresa Aqualia y al Servicio Canario de Salud. "Lo que queremos es garantizar el abastecimiento y evitar cualquier otro hecho de estas características en la medida de lo posible", aseguró la gerente.

A su vez, la Dirección General de Salud Pública ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, junto con la Policía Local de Candelaria y el Seprona, "para realizar la vigilancia en la zona en tanto se proceda a la retirada del grupo electrógeno y de las instalaciones asociadas al mismo".

El Canal de Araya tiene la responsabilidad de "velar por que esta infraestructura esté tapada y limpia, restaurar lo deteriorado, realizar las analíticas del agua transportada y dar cuenta de la existencia de cualquier posible agente contaminante a su alrededor, pero no podemos quitarlo, es decir, no podemos retirar el grupo electrógeno", manifestó Patricia Pérez.

Desde que a primera hora del viernes pasado fuera detectada la existencia de hidrocarburo en el agua del Canal de Araya, que suministra a varias localidades de los municipios de Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, la empresa presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Candelaria procediendo el Seprona a inspeccionar la zona de Hoya de la Viña, en la que se detectó la contaminación, lugar que fue visitado nuevamente el lunes de esta semana.

La Dirección General de Sanidad levantó acta de inspección sobre el terreno el miércoles, confirmando la presencia de un grupo electrógeno ajeno al Canal de Araya, mangueras que lo cruzan por encima y una pistola de dosificación de combustible, apreciándose en el lugar un fuerte olor a hidrocarburo, informó la propia gestora.

Patricia Pérez puso todo ello en conocimiento de la Fiscalía ayer, en una comparecencia que realizó "por un presunto delito contra la salud pública". La gerente insiste en la necesidad de que las medidas requeridas se adopten con urgencia "por quien competa, ya que esta empresa ha cumplido con todo aquello que es de su responsabilidad".