El conflicto de Infantil no se resolverá antes de final de año

TACHI IZQUIERDO, Tenerife

La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Milagros Luis Brito, aseguró ayer que el departamento regional no emitirá una resolución sobre el conflicto de las oposiciones de Educación Infantil antes de final de año.

Luis Brito, que compareció ayer en comisión parlamentaria de Educación, dijo que, "a pesar de las incertidumbres, no voy a mirar para otro lado", pues remarcó que "lo importante es acabar con el proceso y dictar una resolución seria y sólida".

En este sentido, la demora que pueda surgir, ya que estaba previsto que fuera solventado en diciembre, tiene que ver con la marcha de las notificaciones a los más de 1.900 afectados para que puedan personarse a raíz de la consulta del expediente, proceso que en estos momentos se ha completado en el 70%, puesto que el resto han sido intentos fallidos o ausencias de domicilio". Ahora se tendrá que habilitar un segundo trámite para notificar el expediente.

Sin embargo, del total de 1.926 afectados sólo 50 ha solicitado a educación el expediente, mientras que las alegaciones individuales han sido sólo dos, una en Lanzarote y otra en Fuerteventura.

Así, Luis Brito dijo que la finalización de este proceso "dependerá del momento en que se produzca el segundo intento de notificación. No antes de final de año", precisó.

La titular de Educación, que ayer recordó todo el conflicto de las oposiciones, que se inició en agosto de este año, a raíz de las irregularidades detectadas en el proceso de evaluación, y que se encuentra en fase de suspensión, dijo que las responsabilidades "se adoptarán cuando llegue el momento en que se tome una resolución".

También comentó, con relación a las críticas del Grupo Socialista, que reprochó que a los 34 tribunales que componen estas oposiciones "se les dejó a su suerte en la guía a seguir en el proceso, contrarias a las bases del concurso", que "sí ha habido reuniones e intercambios de opinión, así como asesoramiento técnico y tecnológico", aunque no descartó que "en un futuro se reforzará el asesoramiento jurídico paralelo".

Además, dijo que en todo este complejo asunto, en el que defendió "la actuación correcta del Gobierno", se van a conservar los actos que no estén viciados, "con el fin de afectar al menor número posible de personas implicadas" y con el menor daño posible. Remarcó que "se actuará con seguridad jurídica y, aunque falten personas por notificar, se hará para no lesionar sus derechos".

Tanto el grupo de CC, como el PP, respaldaron la forma de actuar del Gobierno y la consejera en todo este proceso, pues a juicio de sus portavoces, Marisa Zamora y Carlos Éster, "se ha mostrado buena voluntad para que se resuelva", en una actuación que calificaron de "impecables, actuando donde se tiene que actuar desde la ley".