EN CANARIAS, donde a veces solo tenemos ojos para el sector público, resulta que los empresarios del metal y nuevas tecnologías, están apostando, y mucho, por contribuir de la mejor manera que saben y pueden -creando empleo y riqueza- al crecimiento económico de nuestras Islas. De hecho, y según datos publicados recientemente por la Consejería de Industria, la rama del metal supone ya algo más del 8% del PIB, estimándose un crecimiento de dicho sector en torno al 4% para el próximo año 2008.
De hecho, y teniendo en cuenta la recesión de otros sectores económicos, como lo puedan ser la construcción o incluso el turismo, el sector del metal puede, llegado el caso, constituir un nuevo modelo de progreso, teniendo en cuenta que, en el último decenio, el aumento y la diversidad de dichas actividades ha generado nuevos sectores con identidad propia que están propiciando que, por ejemplo, todo lo relacionado con el metal-mecánico se haya convertido en un elemento fundamental para asegurar el desarrollo tecnológico de otros sectores claves, como puede ser el de las nuevas tecnologías, con apuestas punteras en I+D+i, y que puede constituirse en el eje estratégico de una política basada en la investigación, en el desarrollo, y en la innovación, como mecanismos esenciales puestos al servicio de la sociedad canaria.
Pero, para llevar a cabo dicho reto, además de haber logrado agruparse en una federación del metal, que está sirviendo de altavoz y de mediador ante el gobierno de Canarias de las necesidades y de los problemas con los que se encuentran sus asociados, es necesario apostar por las nuevas tecnologías, así como por una formación especializada: idiomas, informática, técnicas de gestión, recursos humanos, prevención de riesgos laborales?; y, cómo no, soldadores, electricistas, montadores, mecánicos, frigoristas etc.
¿Y qué es lo que puede hacer en su caso la Administración? Pues puede y debe contribuir a dicho reto poniendo por su parte los medios legislativos, administrativos y económicos necesarios para que el resultado de dicha apuesta sea óptimo para las empresas, así como para los trabajadores, que es tanto como decir para el conjunto de la sociedad canaria. Puede y debe tomarse en serio la enseñanza profesional, tan devaluada profesional y socialmente en los últimos años. Puede y debe contribuir a liberar suelo industrial para facilitar la implantación de las empresas canarias y éstas no tengan que salir fuera de nuestro territorio. Puede y debe combatir la economía sumergida, así como contribuir a que el intrusismo profesional vaya derivándose hacia la legalización de sus respectivas actividades. Puede y debe adoptar una estrategia que implique más dedicación y atención en la seguridad y en la salud laboral de los trabajadores; de tal forma que dichas actuaciones contribuyan a reducir la tasa de accidentes de trabajo, aún a costa de imponer y de exigir responsabilidades administrativas, civiles e, incluso, penales, además de las preceptivas sanciones económicas a que hubiere lugar. Puede y debe promover las necesarias ayudas públicas para la renovación de los equipos industriales y de trabajo que estén ya obsoletos; e, incluso, mejorar los medios preventivos de las empresas, aunque sea complementando los recursos ajenos.
En definitiva, debemos apostar por un sector emergente y muy competitivo que está deseando contribuir con su trabajo y esfuerzo a generar riqueza, y que finalmente intenta defender unos determinados valores de esfuerzo, sacrificio y capacidad de trabajo, queriendo ser, además, respetuoso con el medio ambiente; en definitiva, un sector que insiste en demostrar que el trabajo bien hecho puede y debe ser recompensado con el reconocimiento del cliente y con el éxito profesional, así como prestar atención a las necesidades laborales del trabajador y su conciliación familiar, que es tanto como apostar por el progreso económico, pero también por la paz social.
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