Granadilla no concederá los permisos para construir la regasificadora en tierra

N. MARTÍN/I. NIETO, Tfe.

El Ayuntamiento de Granadilla no sólo no quiere que la regasificadora prevista en el municipio se construya en tierra, sino que advierte de que no concederá las licencias de obra necesarias para que pueda comenzarse el proyecto, una decisión que amenaza con bloquearlo y que coloca en una difícil situación al Cabildo de Tenerife, al Gobierno de Canarias, al propio Estado y a la empresa que gestiona la infraestructura: Gascan.

El pleno de la corporación aprobó ayer -con los votos de CC, Alternativa Sí Se Puede y PP- una moción en la que insta a las administraciones a reconsiderar su apoyo a la planta y defiende que, de desarrollarse una infraestructura para la introducción del gas natural en la Isla, ésta se construya en el mar, la misma posición que han mantenido con éxito los municipios del sureste de Gran Canaria con el apoyo del Cabildo.

Si la moción aprobada se limita a expresar su rechazo a la planta en tierra y a pedir a las instituciones implicadas que busquen una alternativa en las energías renovables, el concejal de Medio Ambiente, Antonio Cabrera, concretó la posición del grupo de gobierno y, tras advertir de que, "las licencias de obras las tiene que dar el ayuntamiento", aseguró que el de Granadilla de Abona "no va a dar permisos al proyecto tal y como está ahora mismo".

El Cabildo espera

Cabrera explicó que la decisión adoptada por el Pleno no supone un apoyo cerrado a la construcción de una regasificadora en el mar como alternativa a la de tierra, sino que la apuesta municipal es el fomento de las energías limpias, si bien admitió que esa opción se estudiaría como mal menor.

El argumento fundamental para rechazar el proyecto es la falta de seguridad que, a su juicio, tendría la instalación para los ciudadanos y el convencimiento de los partidos que forman el gobierno municipal de que la regasificadora no haría sino incrementar la dependencia energética de Tenerife respecto al exterior con un producto que, según dijo Cabrera, incrementará su precio en los próximos años, al tiempo que subrayó los problemas de suministro derivados de la posición política de países productores como Rusia o Argelia.

A pesar de que esta posición de Granadilla se suma a la de los municipios del suroeste de Gran Canaria en torno a la otra planta prevista en el Archipiélago, la de Arinaga, el Gobierno -entre cuyas competencias se encuentra determinar la viabilidad de los proyectos, en mar o en tierra, insistió ayer en su oposición a la primera opción, de la que dijo que "entra en el terreno de lo mágico". El consejero autonómico de Industria, Jorge Rodríguez, calificó en el Parlamento ambas iniciativas de "maniobras de dilación" y cifró el sobrecoste que sufriría la infraestructura en 1.000 millones de euros, al tiempo que se mostró convencido de que el Estado no estará dispuesto a asumirlo.

Por su parte, el director técnico de la empresa encargada de desarrollar ambos proyectos con una inversión de hasta 490 millones de euros -Gascan-, José Manuel Guirao, admitió que la decisión de Granadilla podría obligarlos a estudiar la situación y a reconsiderar el concurso convocado para su construcción y al cual se han presentado dos uniones de empresas.

Mientras tanto, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, José Manuel Bermúdez, aseguró que si bien el plan aprobado por la corporación ubica la planta en tierra, la decisión final corresponde al Ejecutivo regional.