COLPISA, París
Francia vive hoy el paroxismo de la contestación social. A los ferroviarios y los transportistas urbanos de París, en huelga desde el pasado miércoles en defensa de su régimen de pensiones, se suman hoy los funcionarios, inquietos por el empleo y el poder adquisitivo.
Con el añadido de los universitarios, deseosos de extender la protesta estudiantil a los bachilleres de los liceos, el panorama parece contradictorio con las esperanzas de normalización progresiva a partir de mediados de semana abrigadas por el Elíseo, donde Nicolas Sarkozy guarda un llamativo, por inhabitual, silencio.
Las expectativas de solución en la huelga de transportes obedecen a la cita fijada mañana entre sindicatos, empresas y representantes del Estado. La reunión tripartita deberá servir para consensuar el calendario, el método y los temas de las discusiones, de las que el Gobierno insiste en descartar el paso de 37,7 a 40 años de cotización para tener derecho a una pensión completa, como ocurre ya con los funcionarios y el sector privado.
El primer ministro, François Fillon, reiteró que el Ejecutivo "no podrá moverse sobre los principios porque tiene un mandato para que avance esta reforma y para ir hacia la armonización" en los períodos de cotización de todos los trabajadores. Tras hacer un llamamiento a la responsabilidad de los sindicatos, subrayó que "ahora es preciso que el tráfico se reanude progresivamente y que los derechos de los usuarios sean respetados".
De condicionar el diálogo a la suspensión de la huelga, el Gobierno ha pasado a considerar suficiente "una dinámica de reanudación del trabajo", fórmula empleada desde el fin de semana.
En esta línea, Anne Marie Idrac, presidenta de la empresa estatal de ferrocarriles (SNCF), precisó que el diálogo social podrá comenzar "si el nivel de servicio alcanzado garantiza el derecho al transporte", un requisito aún lejano a pesar de que el índice de huelguistas en la compañía se ha desplomado desde el 61,5% al 26,2%.
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