EL DÍA/EFE, Tfe./Las Palmas
En torno a 17.000 jóvenes canarios podrán solicitar a partir de enero las ayudas de hasta 210 euros para facilitar el alquiler de viviendas a jóvenes de entre 22 y 30 años, una política puesta en marcha por el Estado, pero que será gestionada por el Gobierno de Canarias -que será quien dará o no el visto bueno a las peticiones- gracias al convenio firmado ayer en Las Palmas de Gran Canaria entre la ministra de Vivienda, Carme Chacón, y la consejera autonómica de Bienestar Social, Inés Rojas.
Este acto, no obstante, se produjo pocas horas después de que el propio Ejecutivo regional aprovechara para hacer la presentación de su plan de choque en materia de vivienda para jóvenes, al que prevé que se acojan durante 2008 unos 10.000 jóvenes.
Inés Rojas, junto con los directores generales del Instituto de la Vivienda, Jerónimo Fregel, y de Juventud, Laura Díez, fueron los encargados de explicar las medidas incluidas en este plan de choque, que cuenta con un presupuesto de casi 9 millones de euros.
Horas después se producía el acto de la ministra que, además del plan para el alquiler, sirvió también para suscribir otros convenios y protocolos entre la propia Chacón, el Ejecutivo regional y diversos ayuntamientos canarios para la construcción de viviendas de protección oficial, de pisos en alquiler para universitarios y oficinas de información, además de la remodelación de barrios y de cascos urbanos, que supondrán una inversión por parte del Estado de algo más de 9 millones de euros.
En cuanto a la primera de las medidas acordadas -denominada renta básica de emancipación-, Chacón recordó que la ayuda mensual se concederá, por un plazo máximo de cuatro años, a jóvenes que trabajen, sean titulares del contrato de arrendamiento de la vivienda y tengan unos ingresos inferiores a 22.000 euros brutos anuales, con el fin de que puedan emanciparse a través de la fórmula del alquiler, para lo que también se concederá un préstamo de 600 euros para la fianza y otros 120 para costear el aval.
Entre los acuerdos firmados en Las Palmas figura otro para la construcción de 48 oficinas en otros tantos municipios del Archipiélago que, entre otras funciones, tendrán la de gestionar la renta básica de emancipación y para las que el Estado aportará 2,54 millones de euros (el 40% del total).
En cuanto a la remodelación de barrios y de cascos urbanos, fueron dos los acuerdos rubricados ayer: uno destinado a El Polvorín, en la capital grancanaria, y otro para el centro histórico de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, y que incluirán, ambos, la rehabilitación de viviendas en esas zonas.
Ambos fueron suscritos por los alcaldes de las dos ciudades, Jerónimo Saavedra y Ana Oramas, respectivamente, y si en el primero de los casos está previsto que el Gobierno central invierta 4,65 millones de euros de un total de 9,3 millones (el 50%), la segunda actuación supondrá un coste de 10,28 millones, de los que Madrid aportará idéntico porcentaje.
En el acto se dio el visto bueno, asimismo, a dos acuerdos que supondrán la construcción de 176 viviendas de protección oficial en Ingenio (Gran Canaria) y Tazacorte (La Palma) con una inversión estatal de algo más de 454.000 euros.
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