Elena Salgado aboga por reducir los litigios entre el Estado y Canarias

R. BARRETO, La Victoria

La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, constató ayer, en su visita oficial al municipio tinerfeño de La Victoria de Acentejo, una reducción en los litigios entre el Estado y las comunidades autónomas, y aboga por rebajar la conflictividad con las Islas, en relación al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias contra la Ley de Parques Nacionales. Precisó que es voluntad del Gobierno reducir la conflictividad con los distintos ejecutivos regionales y, en ese sentido, subrayó que se han rebajado al mínimo, una vez alcanzado acuerdos con algunas comunidades para que retiren los recursos de inconstitucionalidad, como así lo ha hecho el Gobierno de España. Insistió en señalar que ha sido un deseo que se ha mantenido a lo largo de la presente legislatura y, de hecho, se han solucionado otras cuestiones pendientes de mandatos anteriores.

Aludió al artículo 33 de la Ley del Tribunal Constitucional, que permite abrir un período de tiempo en el que se trata de llegar a acuerdos como forma previa a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. "Esto es una posibilidad -dijo- que unas veces utilizan las comunidades autónomas y otras veces se opta directamente por interponer un recurso de inconstitucionalidad. Ambas posibilidades son igualmente legítimas y, por tanto, desde el Gobierno de España, si hay un deseo del Ejecutivo canario en ese sentido, no tenemos nada que decir y nosotros no nos podemos pronunciar hasta conocer el contenido del recurso. Nosotros pensamos que la Ley de Parques Nacionales es perfectamente constitucional, pero entendemos que si hay un gobierno autónomo que lo considera de otra manera, serán los tribunales quienes decidan".

A preguntas de EL DÍA sobre las perspectivas que se abren para la redacción de un nuevo estatuto de autonomía para Canarias, una vez retirado de las Cortes el proyecto de reforma auspiciado por el Parlamento autónomo, la ministra Elena Salgado indicó que "se tendrá que realizar todos los trámites desde el principio y es una decisión que corresponde al Parlamento de Canarias". En este sentido, recordó las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "cuando se habla de los denominados estatutos de autonomía de segunda generación, en los que se imponen tres condiciones: respeto absoluto a la Constitución, amplio acuerdo político en la comunidad autónoma de la que surge la iniciativa de ese estatuto y que responda al interés general. Con esas tres condiciones -agregó- el Gobierno de España ha dado sobradas muestras de que consideramos que las comunidades autónomas han desarrollado una tarea excelente desde los primeros estatutos de autonomía aprobados hace ya 20 años, en algunos casos, con 25 años de media, y, por tanto, que desde la administración central estamos dispuestos a considerar reformas de estatutos de autonomía".

Destacó que el Gobierno de Canarias podrá presentar un proyecto de reforma del Estatuto en la próxima legislatura, que seguirá una tramitación normal en las Cortes que surjan de los comicios generales del 9 de marzo de 2008.

Otro asunto planteado en la comparecencia con los periodistas fue la reforma de la Ley Electoral. En este sentido, Elena Salgado puso de manifiesto que "el Gobierno de España debe pasar revista a las realizaciones de los últimos cuatro años y ofrecer un programa para los cuatro siguientes con vista a las elecciones del 9 de marzo de 2008. Cuando ese programa del PSOE se haga público, será el momento de considerarlo, porque el Gobierno de España no tiene por qué opinar sobre un tema específico de Canarias".