Recuentos, balances y claroscuros

No sólo la historia, también la crónica periodística necesita de cierta perspectiva para poder abarcar con solvencia un período determinado, una legislatura por ejemplo, en que los acontecimientos se encadenan entre sí y con sus antecedentes. Y así, en épocas preelectorales, cuando el discurso político se desliza siempre hacia la pura demagogia, resulta extraordinariamente difícil hacer definiciones, recuentos y balances. Tanto porque hay que contar con el sobreentendido de las ideas preconcebidas -quien ha desempeñado el poder elogiará irremisiblemente su ejecutoria, en tanto quien ha sido oposición la denigrará con motivos o sin ellos- cuanto porque cualquier inclinación subjetiva del cronista será interpretada, y con razón, como un sesgo inaceptable en quien ha de limitarse, por vocación y por oficio, a aportar los datos y los argumentos para que los destinatarios del análisis obtengan sus propias conclusiones.

Del torrente argumental de este fin de semana, que ha incluido un prolijo volumen de más de trescientas páginas publicado por el Gobierno a modo de compendio de la legislatura, se desprenden dos conclusiones esenciales. Una primera, que los balances económico y social han sido positivos. Se podrá discutir -y de hecho ya se está discutiendo- si la bonanza económica ha sido espontánea o inducida por la política gubernamental, pero lo cierto es que los datos son magníficos (no así las expectativas, que ya generan evidente preocupación en los ciudadanos). Además, con los recursos fiscales obtenidos gracias a esta bonanza no sólo se ha logrado un sistemático superávit en las cuentas públicas sino también un conjunto de nuevas políticas sociales de gran trascendencia e impacto. Al margen de determinadas actuaciones llamativas pero poco eficaces -las ayudas por hijos o alquiler-, no cabe duda de que con leyes como las de la Dependencia e Igualdad se ha avanzado en la construcción del Estado de Bienestar, todavía incompleto aquí y desde luego menos denso y copioso que en los grandes países de nuestro entorno.

Una segunda conclusión, llena de claroscuros, es que el grueso de las energías de la legislatura se ha consumido en asuntos accidentales, sumamente delicados y probablemente -ahí sí es sensible la falta de perspectiva- manejados con cierta frivolidad. Obviamente, estos asuntos son el proceso de reforma territorial y el llamado "proceso de paz", las fallidas conversaciones con ETA. En descargo de Zapatero, y sobre el primer asunto, hay que recordar que cuando llegó al Gobierno en 2004, la reforma del Estatuto de Cataluña era una exigencia irreversible del "tripartito" de Maragall; Zapatero pudo capear el temporal pero no frenarlo. Así y todo, el nuevo Estatuto de Cataluña, que tiene elementos de bilateralidad claramente confederales y está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, es la excepción a la regla: como el propio presidente socialista del Gobierno recordó el viernes, al término del último consejo de ministros del año, de los seis estatutos de autonomía reformados durante la legislatura, cinco -los de Valencia, Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla-León- han sido obtenidos por amplísimo consenso, y sólo el de Cataluña ha generado honda división que habrá de restañarse en cuanto se posea el mencionado dictamen de constitucionalidad. En lo referente al diálogo con ETA, y aunque el asunto sea controvertido y polémico, quizá seamos mayoría quienes pensamos que el Gobierno ha hecho sustancialmente lo que debía, que es lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores, y que ha sido la oposición conservadora la que ha realizado una utilización política torticera del problema con el ánimo exclusivo de desgastar a la mayoría. Naturalmente, este juicio de intenciones no es ni puede ser rotundo y, por supuesto, sólo adquirirá firmeza o se desmoronará como un azucarillo cuando los ciudadanos se pronuncien inapelablemente en las urnas el 9 de marzo.

Así las cosas, y aunque es relativamente fácil deducir los grandes argumentos que movilizarán el voto en un sentido u otro, no todo está seguramente escrito: se avecina una larga campaña electoral de más de dos meses con dos debates televisados entre los grandes líderes y todavía ni siquiera se han publicado los respectivos programas, que aunque no depararán sorpresas, tendrán su influencia, una vez que la opinión pública se ha dado ya cuenta del carácter contractual de estos documentos.

Los expertos en marketing electoral, que viven como es lógico muy pegados a las encuestas, aseguran que existe hoy un virtual empate técnico entre las dos grandes opciones ideológicas aunque la imagen de Zapatero tiene mucha mejor valoración que la de Rajoy. Así las cosas -añaden-, si la polémica que resta de aquí al 9 de marzo se establece entre las organizaciones, el PP tiene fundadas oportunidades; en cambio, si se personaliza excesivamente en los líderes, el PSOE de Zapatero tiene todas las de ganar De cualquier modo, ya se sabe que estos expertos, como los economistas, están especializados en explicar a posteriori por qué no se han cumplido sus previsiones.