COLPISA, Madrid
"No existe un derecho de las comunidades autónomas, constitucionalmente consagrado, a recibir una determinada financiación". Con esta advertencia tajante, el órgano máximo interprete de la Carta Magna toma posiciones frente a la negociación del nuevo modelo que regirá los ingresos y gastos de las administraciones territoriales y su relación con el Estado, cuyas primeras conversaciones se iniciarán tras las próximas elecciones generales, ya en la primavera de 2008, dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que también han pedido formar parte las corporaciones locales. Para el Tribunal Constitucional (TC), la clave pasa porque se respeten los "principios de solidaridad y coordinación".
Este aviso de los doce magistrados del TC, reunidos en Pleno, se materializa en una reciente sentencia que desestima un recurso de amparo interpuesto por la Junta de Andalucía contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2002.
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