Un padre denuncia que el Gobierno ha encubierto la situación de riesgo de su hija

DORY MERINO, Tenerife

Clemente Alonso, padre de una menor de seis años, ha presentado otra denuncia ante el Diputado del Común "porque el Ayuntamiento de La Laguna, el Consistorio de Santa Cruz y la Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno canario han ocultado datos relevantes y falseado información que perjudican a la menor A.M.R.P. (su hija)", tal y como aseguró este trabajador social, que cuenta con todos los documentos oficiales que avalan sus denuncias.

En su opinión, "los Servicios Sociales de las tres administraciones citadas son cómplices y encubridoras de la situación de riesgo en la que ha estado y sigue estando la niña A.M.R.P".

Alonso ha solicitado al Juzgado Número 1 de Violencia sobre la mujer de Santa Cruz de Tenerife el cambio de apellido de la niña A.M.R.P, tras someterse a las pruebas de paternidad legales, cuya sentencia de 26 de septiembre de 2007 declara que es realmente el progenitor de la menor.

Las denuncias de este padre sobre la situación de riesgo en la que ha estado su hija se remontan al año 2004, cuando acudió al Ayuntamiento de La Laguna para exponer que su niña, de apenas un año, "no tenía domicilio fijo y vivía en una chabola entre escombros, basura y jeringuillas".

Alonso expone que lleva cuatro años llamando la atención de los Servicios Sociales "para que comprobaran que la madre de la criatura era una irresponsable al estar sin trabajo, sin ingresos, conviviendo con una pareja toxicómano, sin domicilio estable y haber vivido los tres durante dos años en una chabola en el municipio lagunero". Según Alonso, ante su requerimiento, la respuesta del Ayuntamiento de La Laguna fue que la situación de la menor A.M.R.P. "era normal, como la de cualquier niño canario".

En cambio, la documentación aportada por el padre confirma que en julio de 2004, la Policía Nacional detiene a la madre de la niña (M.E.P.G.), a su pareja (A.J.T.C.) y también se llevan a la niña (en ese momento de dos años y medio) "por haber forzado y ocupado un piso en Santa Cruz, en la calle Curva de Arco Iris, con el agravante de ser la vivienda de un policía, por lo que los efectivos requisaron del inmueble una pistola de la marca Star, modelo 28 PK, dos cargadores de la misma arma y una cortadora radial usada para abrir la puerta por la fuerza", tal y como figura en el atestado número 4348 levantado por los dos policías que incoaron las diligencias, en las que se recogen las declaraciones de la madre, quien señala que ella y su pareja "asaltaron la vivienda porque no tienen domicilio y necesitaba con urgencia dar cobijo a la niña".

Alonso también aporta documentación para asegurar que la niña ha vivido en nueve domicilios distintos en sus seis años de vida. Indica que lo más grave es que durante dos años estuvo en una chabola en La Laguna, "en la que se produjo un incendio que causó grave riesgo para personas y bienes", según se recoge en las diligencias de la Policía Local de La Laguna, expediente 4142/05, y por el que se derribaron cinco chabolas situadas en la trasera de la avenida de San Miguel de Chimisay, por orden de Disciplina Urbanística de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, entre las que se encuentra la habitada por M.E.P.G., su pareja (A.J.T.C.) y la menor de cuatro años A.M.R.P.

Urbanismo envió una notificación por escrito a esta dirección y a nombre de sus ocupantes informando del inminente derribo de la chabola, lo que, según Alonso, contrasta con las declaraciones, de la madre de la niña, tanto en el juzgado como ante los Servicios Sociales, asegurando que nunca vivió allí.

Alega Alonso que, "a lo largo de estos años, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Laguna han afirmado que no tenían conocimiento de la situación de esta menor, cuando los documentos acreditan lo contrario", señala el padre.

Además, "por su parte, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz refieren que la menor ha residido en el domicilio de la abuela, en Ofra, sin confirmar la realidad", tal y como denuncia Alonso.

Fuentes de la Dirección General del Menor del Gobierno canario manifestaron a este periódico que este organismo tiene en cuenta los informes del ayuntamiento a la hora de elaborar un expediente y en este caso se ha seguido esta pauta, lo que explica que no tenga conocimiento de las denuncias, algo que resulta chocante, sobre todo teniendo en cuenta que Alonso remitió un escrito a la directora general de Protección del Menor, Carmen Steinert, el pasado 13 de noviembre, para informarle de la situación.