La hora

... Canarias se juega estos días su futuro financiero. La renegociación del modelo establecido en 1999 corre un riesgo cierto de convertirse en un trágala para aquellas comunidades con menos capacidad de presión sobre el Gobierno central, sobre todo si no son del mismo signo político, aunque tener un Ejecutivo socialista tampoco garantice nada. Y, si no, que se lo digan a los extremeños. Como se sabe, Cataluña pretende imponer a los demás sus propios criterios y reservarse de entrada el 18% de los fondos estatales a repartir entre todos. Después viene Andalucía, que quiere hacer algo parecido. Y, finalmente, están los que reclaman deudas históricas o atrasadas, es decir que también quieren una parte extra del pastel. Canarias no se encuentra en ninguna de esas tesituras a la hora de negociar, aunque también reclame sus propias particularidades que la hacen acreedora de una participación en los ingresos del Estado mucho más generosa que la actual.

... Y como en toda negociación ardua y larga -y esta lo será- se necesitan aliados o, al menos, alguien que comparta puntos de vista similares. El presidente canario, Paulino Rivero, se va el lunes a Valencia en busca del apoyo de Francisco Camps para buscar intereses comunes que defender ante el ministro Solbes. Camps, por ser de PP, pero también por haber logrado el consenso rápidamente con los socialistas de su comunidad para aprobar su nuevo Estatuto de Autonomía, tiene un especial atractivo como "socio" para el Gobierno canario, que no posee en estos momentos una buena relación con el Ejecutivo central. Además, los intereses de Canarias y los de la Comunidad Valenciana pueden confluir por el acelerado crecimiento demográfico que han registrado ambas desde que está vigente el actual modelo de financiación, donde el criterio de la población es uno de los principales para determinar cuánto dinero le corresponde a cada cual.

... Canarias ya ha hecho su planteamiento inicial ante la conferencia de consejeros de Economía y Hacienda. Ahora es el ministro del ramo, Pedro Solbes, quien tiene que dar la respuesta y convencer a 15 gobiernos autonómicos -todos menos el País Vasco y Navarra- de que la fórmula de reparto que quiere el Estado es la más justa. Sea verdad o no, no se puede argumentar con otro valor que ese: el de la justicia. El problema ahora es qué se entiende por justicia cuando Zapatero apoyó el Estatuto catalán, que consagra que esa comunidad merece un trato preferente. Las próximas semanas veremos una lucha encarnizada.