Las plantas de Opel en Europa tienen de momento garantizada su supervivencia, gracias al acuerdo alcanzado entre la casa Matriz General Motors y el fabricante de componentes austríaco-canadiense Magna, con la ayuda económica del Estado alemán, que no podrá impedir un profundo recorte de plantilla.

"El acuerdo ofrece una perspectiva para el futuro de Opel y supone una oportunidad que se han merecido los trabajadores, sobre todo habida cuenta de que no son responsables de una situación que se deriva de la mala gestión de General Motors en Estados", dijo hoy la canciller Angela Merkel.

Con ello comentó los resultados de una larga y complicada negociación que tan sólo en esta semana vivió dos sesiones nocturnas y de la que el ministro de Economía, Karl-Theodor zu Guttenberg, dijo no sentirse entusiasmado.

Guttenberg confesó haber cedido a la opinión mayoritaria de sus colegas del gabinete y que él hubiera optado por la insolvencia de Opel.

El plan de supervivencia de Opel contempla una inyección de liquidez inmediata por parte de Magna de 300 millones de euros, reclamación que la casa matriz General Motors planteó a última hora y que hizo tambalear el acuerdo en su conjunto.

El Estado y los cuatro "Länder" alemanes con plantas de Opel habilitarán créditos por un total de 1.500 millones, repartidos a partes iguales y concedidos a través de bancos públicos.

Mientras continúan las negociaciones entre Magna y General Motors para llevar a buen puerto lo que hasta ahora sólo es un preacuerdo (memorándum of understanding) se creará una entidad fiduciaria encargada de administrar el negocio europeo de GM.

Con este modelo jurídico se ha logrado evitar que la inminente suspensión de pagos de la casa matriz arrastrara a las filiales europeas.

En un principio está previsto que esta entidad, formada por cinco personas -dos en representación del acreedor (Estado alemán), dos de la parte estadounidense y una neutral- opere como mucho seis meses, plazo por el que se han concedido los créditos.

Sin embargo, fuentes gubernamentales subrayaron que, en caso de que no haya un acuerdo definitivo hasta entonces, la entidad seguirá operativa hasta 2014, lo que garantiza hasta entonces la supervivencia de Opel.

En principio, el Gobierno cuenta con que en junio GM y Magna lleguen a la rúbrica del contrato y que hasta septiembre logren cerrar el acuerdo.

En el preacuerdo se ha conseguido solucionar toda una serie de aspectos complejos, como el traspaso de la propiedad intelectual y el correspondiente pago de los derechos o la estructura de capital.

En los próximos meses continuarán, sin embargo, las negociaciones sobre otros aspectos fundamentales como el futuro de la plantilla.

El copresidente de la compañía, Siegfried Wolf, informó de que en las próximas semanas "habrá conversaciones en todos los estados federados con plantas".

"Confiamos en lograr soluciones que nos permitirán salvar el máximo número posible de empleos", dijo Wolf, quien, sin embargo, no se pronunció sobre los planes de Magna para el resto de Europa.

En principio, el plan de esta compañía contempla el desmantelamiento de unos 11.000 empleos en todas las plantas europeas, de los que 2.600 recaerían sobre Alemania.

El Gobierno alemán dejó hoy claro que no ha habido ningún tipo de compromiso concreto respecto a este tema, entre otras cosas, porque los reglamentos europeos no lo permiten.

Merkel subrayó que en las últimas semanas ha habido un intenso contacto entre el Gobierno alemán y los restantes países afectados, especialmente entre Guttenberg, y su colegas del Reino Unido, Peter Madelson, y de España, Miguel Sebastián.

Con ello aludió a las críticas de algunos socios europeos con plantas que temían que el protagonismo alemán pudiera ir en detrimento de las plantillas de otros países.

Magna, con 70.000 empleados en 25 países, cuenta con la ayuda del consorcio ruso GAZ, que produce desde turismos y camiones hasta vehículos blindados.

El plan de compra prevé adquirir el 20 por ciento de Opel, que junto al 35 por ciento de sus socios rusos sumaría el 55 por ciento.

General Motors mantendría otro 35 por ciento y el restante diez por ciento quedaría en manos de la plantilla.