El tabaco importado por la banda de contrabandistas desmantelada por la Guardia Civil en las últimas semanas contenía excrementos de animales, concretamente de conejo, además de las sustancias tóxicas habituales. Éste fue uno de los datos más sorprendentes revelados ayer por el subdelegado del Gobierno, José Antonio Batista, y el teniente coronel jefe de la Comandancia, Ricardo Arranz, durante la presentación de la "operación Chéster".

La mercancía no sólo era introducida en Tenerife, sino también en la Península y Andorra. La red estaba compuesta por 12 personas, de las que cinco fueron enviadas a prisión preventiva por orden judicial. Los apresados son cinco empresarios, otros tantos funcionarios, un transitario y un transportista. El último arresto se produjo ayer sobre un trabajador de la Administración. La investigación fue llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y comenzó hace un año.

A los empresarios se les acusa de delitos contra la salud pública, asociación ilícita, cohecho, contrabando, contra la propiedad industrial y fraude fiscal. El delito contra la salud pública se produce porque las cantidades de las sustancias tóxicas usadas en la elaboración del tabaco legal estaban presentes en los cigarros intervenidos en cantidades superiores a las estipuladas por la Ley.

Además, se les atribuye cohecho, ya que sobornaron a cinco funcionarios de la Administración estatal y autonómica, quienes, a su vez, están acusados de omisión del deber de perseguir delitos, pues supuestamente eludían las inspecciones a determinados contenedores. Ninguno de estos funcionarios pertenece a las fuerzas de seguridad del Estado.

Las pesquisas comenzaron después de que varios particulares compraran en quioscos y máquinas expendedoras tabaco con un sabor y un olor muy desagradables, a pesar de que se vendía en cajetillas de conocidas marcas.

Los contrabandistas utilizaron envases que simulaban ser de diversos productos de Marlboro, Camel, Winston, L&M o Coronas, entre otras firmas. A dichas denuncias se sumaron las de las mencionadas compañías tabaqueras, que pusieron de manifiesto la existencia de una amplia distribución de cartones de producto falsificado por parte de algunos comerciantes cuyos proveedores eran titulares de empresas importadoras de tabaco a gran escala.

La venta de esa mercancía ilegal y adulterada se producía, fundamentalmente, en zonas de ocio nocturno de Tenerife, es decir, cuando más difícil resulta al consumidor detectar el fraude por el previo consumo de alcohol o drogas. Este aspecto fue confirmado ayer por un empresario del Sur de Tenerife, quien aclaró que la venta de esas cajetillas se lleva produciendo, al menos, desde hace dos años. Además, dicha fuente precisó que la distribución de dicho material aumenta durante los fines de semana en determinados locales.

La red defraudó más de 1 millón de euros a la Hacienda del Estado y 400.000 euros a la Agencia Tributaria Canaria. Los beneficios de la trama hubiesen llegado a casi 5 millones de euros.