Miembros del Cuerpo Nacional de Policía desarticularon una banda de estafadores que operaba en Santa Cruz de Tenerife. La cantidad de dinero defraudada a la empresa Telefónica Movistar asciende a más de un millón de euros. Los agentes especializados que desarrollaron la operación detuvieron a un total de siete personas y las cabecillas de la organización, una madre de 60 años y una hija de 18, ingresaron en prisión preventiva por orden de la autoridad judicial.

El servicio fue llevado a cabo por investigadores del Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la capital tinerfeña.

El negocio de los arrestados consistía en la contratación fraudulenta de líneas de teléfono y recargas no autorizadas, según la información ofrecida durante la jornada de ayer en un comunicado por la Comisaría Provincial.

La estafa perpetrada contra la compañía Telefónica Móviles-Movistar se prolongó durante un año y medio aproximadamente, a tenor de las diligencias instruidas por los funcionarios.

Una familia.- La operación policial, denominada "Pambita II", se realizó durante la semana comprendida entre los días 15 y 22 de octubre. En el transcurso de esas jornadas fueron apresadas siete personas, todas mayores de edad. El mencionado grupo de estafadores se considera el "núcleo duro" de la organización ilícita. La mayoría de los integrantes de la banda son miembros de una misma familia y son naturales de Tenerife. No obstante, entre los acusados también figura una ciudadana de origen marroquí, en función de los datos divulgados por la Policía Nacional.

Colaboradores.- Los investigadores del Grupo de Delitos Económicos determinaron que el grupo utilizó una intrincada red de colaboradores para conseguir perpetrar los delitos. De hecho, los agentes mantienen abierto el dispositivo y no se descarta que en los próximos días hayan nuevas detenciones. Supuestamente, en la jornada de ayer, los policías efectuaron diversos registros domiciliarios con la pertinente autorización del Juzgado que lleva el caso.

Las víctimas.- Se estima que el fraude ha afectado a 25 establecimientos comerciales de toda la Isla que figuran como distribuidores autorizados de la sociedad Telefónica Movistar. Además, hasta ahora se ha constatado que el número de víctimas particulares ronda el centenar. No obstante, los profesionales de la Policía Judicial sospechan que la cifra real de afectados puede llegar a 300.

Líderes.- La organización estaba dirigida por M.L.G.O., de 60 años, así como por C.M.V.G., de 18, que son madre e hija, respectivamente. El grupo contaba con un reparto de tareas muy bien definido, según las conclusiones extraídas por los investigadores. Tras seguir las instrucciones de las cabecillas, varios implicados estaban encargados de obtener por internet los códigos de trabajo de diversos comercios distribuidores autorizados de Movistar. De esa manera, los estafadores podían realizar un elevado número de altas, recargas, cambios de titularidad y migraciones telefónicas.

Las contrataciones.- Para poder alcanzar una defraudación superior al millón de euros, se produjo la participación de un número aún no concretado de personas que realizaron las contrataciones aparentemente legales de las líneas de teléfono móvil que iban a ser cambiadas de titularidad. Por esa labor recibieron una mínima parte de los beneficios. Con ese "modus operandi", la banda logró supuestamente disfrutar temporalmente de números cuyos gastos pagaron otros.

La venta en mercadillos.- Una vez finalizado dicho periodo, los integrantes del grupo disfrutaron de una importante cantidad de terminales de última generación para vender en rastros y mercadillos a precios inferiores a los del mercado. M.L.G.O. se encargaba precisamente de esa última fase de distribución de aparatos, pues tenía un número de "clientes" fijo que le compraba los terminales con total conocimiento de su ilícita procedencia. Hasta ahora sólo se ha detenido al principal de dichos receptadores, que tenía abierto un canal de distribución de los teléfonos en Canarias y la Península, fundamentalmente entre inmigrantes.

La libreta de las cuentas.- El arresto de las dos cabecillas de la organización se produjo en su domicilio de la capital tinerfeña poco antes de que los policías de la Brigada de Policía Judicial llevaran a cabo el registro del inmueble. Durante la intervención en la citada vivienda, los funcionarios policiales se incautaron de un ordenador y diverso material informático, así como de una libreta en la que se detallaba, a modo de burda contabilidad, la actividad de la banda, los medios que empleaba y muchas de las personas que se beneficiaron de los mencionados delitos. Tramitadas las correspondientes diligencias policiales, los siete arrestados fueron puestos a disposición judicial.