El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz afronta hoy una de las decisiones más trascendentales de la última década para la ciudad, que consiste en aprobar la revisión del Plan General de Ordenación (PGO), un texto que ha sido duramente contestado por los partidos políticos de la oposición y algunos colectivos sociales que reclaman un aplazamiento de esta decisión.

El alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, se mostró ayer a favor de aprobar el PGO en la sesión de hoy, "porque quienes están en contra lo estarán en 24 horas o un mes, ya que van a seguir buscando a quien agitar y actividades políticas para enfrentarse a la corporación". Afirmó que "no encuentro ningún argumento mínimamente razonable ni sostenible para retrasar el plan porque ya está y se ha explicado suficientemente". E insistió en que "ha sido el Plan más consensuado de Canarias".

Señaló que la corriente minoritaria que se ha generado en contra del plan "es una disfunción provocada, organizada y avivada por las mismas personas y colectivos del no a todo que estuvieron en contra del tranvía, del García Sanabria o del Carnaval".

Añadió, durante una visita al editor y director de EL DÍA, José Rodríguez Ramírez, que a estos colectivos se ha sumado un abogado, en alusión a Felipe Campos, de la Plataforma contra el PGO, que "no tiene una definición ideológica contraria al mismo, sino que se ha unido por motivos profesionales y para aumentar su cartera de clientes, lo que ha creado distorsiones que han provocado que muchos ciudadanos pensaran que el concepto de fuera de ordenación significaba que se van a tirar las casas, cuando no es así".

Por su parte, Fernando Senante, abogado urbanista del equipo redactor del plan, aclaró que la legislación de Canarias "permite que los planes establezcan las condiciones en las que se aplican las limitaciones" del concepto de fuera de ordenación, que en el caso de Santa Cruz, "se optó por afectar a los edificios que tuvieran más altura que las definidas en el planeamiento". Por ello, añadió que "no existe ninguna limitación de las obras, ni para ejercer el régimen de la propiedad, siempre que el término de fuera de ordenación sea por mayor altura o por ilegalidad".

Lo que se juega hoy

Por su parte, la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, afirmó que Santa Cruz "se lo juega hoy todo, porque estamos hablando de cuestiones negativas que son falsas", cuando, aclaró, "se trata de avanzar en aspectos como VPO, nuevas tecnologías, nuevos centros de industrias o empleo, entre otras".

La concejal dijo que es imposible determinar el número de ciudadanos afectados por el plan, "así como "saber qué viviendas están fuera de ordenación, ya que habría que determinar las que tienen licencia o no y cuáles han hecho obras sin permisos". Abogó por "transmitir un mensaje de tranquilidad, pues la situación de fuera de ordenación se ha venido produciendo desde hace 17 años, tiempo en el que nadie ha tenido ningún problema para vender, hipotecar, ceder o heredar una vivienda y, mucho menos, que perdiera valor".

Advirtió que en caso de que no se apruebe hoy el PGO "algunos perjuicios podrían ser como la pérdida de casi 8 millones de euros para la reposición de las casas de 108 familias de Cuesta Piedra" y otras acciones en diversos barrios.

Leopoldo Tabares de Nava, arquitecto redactor de la revisión del PGO, aclaró que, al contrario de lo manifestado, el término fuera de ordenación "viene a amparar los derechos de los propietarios", pues explicó que reconoce que aunque las leyes cambien, "se mantiene patrimonializado el derecho". Tabares criticó que "una parte del PSC y Ciudadanos nunca han querido pasar por el estudio de los redactores para ver el documento", lo que a su juicio demuestra que, como muchas de las cosas que se dicen, "no tienen ni idea".

Senante apuntó que la actual revisión mantiene el mismo número de plantas que el PGO de 1992, pues explicó que "los planeamientos de los años 60 y 70 modificaron el Plan de 1957, y aumentaron mucho el volumen, de forma que el último documento intentó paliar esa situación. No hemos aumentado las plantas porque lo impide la ley", matizó.

Miguel Zerolo mostró su esperanza en que en el pleno de hoy los concejales "voten en conciencia y a favor de Santa Cruz", pues afirmó que "los chicharreros no se merecen argumentos contra el desarrollo o la confusión".