Culminó hace ahora cinco días el 2009, el año de la crisis, el paro, y la falta de consenso político en el Archipiélago. Atrás quedaron 365 días en los que la labor del Gobierno de Canarias quedó marcada por la situación económica mundial, nacional y, por ende, regional. Diversos proyectos recortados, varias leyes aprobadas para intentar -en algunos casos con discutibles resultados- hacer frente a la crisis y algunas iniciativas ralentizadas para darles prioridad a otras son el desenlace de un ejercicio del que todos esperan que se vaya para no volver.
Ley de la Policía Canaria.- No tanto por su importancia, sino por haber sido uno de los proyectos "estrella" de Coalición Canaria (CC), el recorte en el despliegue previsto para 2010 de la controvertida Policía Canaria fue uno de los más llamativos del año recién concluido.
Tras la aprobación de la Ley que creaba el cuerpo de policía autonómico, con el apoyo de nacionalistas y populares, el Ejecutivo optó por variar las previsiones iniciales y reducir el número de agentes que saldrán a la calle durante el primer semestre de este año. Finalmente serán sólo 100 los policías autonómicos -50 por oposición y otros 50 procedentes de otros cuerpos de seguridad- que patrullarán en las Islas en 2010, una cifra bastante alejada de la que manejaba el Gobierno autónomo en un principio.
No obstante, desde el Gabinete regional se ha insistido en que la plantilla de la Policía Canaria se seguirá completando al ritmo que marque, entre otros aspectos, la crisis económica, hasta llegar a una cifra cercana a los 1.700 policías.
Reforma estatutaria.- En cuanto a la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), otra de las que, en principio, era una prioridad del Gobierno que preside Paulino Rivero, también se vio retrasada y no alcanzó el primer objetivo: el Parlamento.
Tras el anuncio de un buen número de fechas, y de sus respectivas postergaciones, al final el portavoz del Ejecutivo autonómico, Martín Marrero, terminó por reconocer a finales de 2009 que, si bien seguía en agenda, no constituía un asunto "prioritario".
En la misma línea, el propio portavoz de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, llegó a reconocer que echaba en falta su tramitación este año y que se trataba de la única ley que hubiera querido ver ya aprobada, o en proceso para hacerlo.
La revisión, que en principio respetará el texto ya acordado a finales de la anterior legislatura, servirá, previsiblemente, para ampliar las competencias de la Comunidad Autónoma. En 2009, y tal como ya habían hecho en otras ocasiones, los socialistas dejaron claro que no apoyarán la reforma estatuaria sin una reforma electoral que rebaje los topes.
Como se recordará, para que salga adelante tanto una cosa como la otra es necesario el respaldo unánime de todas las fuerzas parlamentarias.
Ley de Medidas Urgentes.- Otro asunto que levantó ampollas en 2009 fue la aprobación, en abril, de la Ley de Medidas Urgentes. Este texto legislativo, que se diseñó pensando en mejorar la Ley de Directrices, debía combinar la preservación del territorio con la introducción de medidas para activar la economía.
Sin embargo, los términos de la ley, según los grupos que sustentan el Gobierno (CC y PP), han originado diversas reclamaciones millonarias a la Comunidad por parte de determinados empresarios del sector turístico. Los socialistas, en cambio, sostienen que fue su incumplimiento lo que provocó la oleada de demandas por parte de los afectados.
En todo caso, la Ley de Medidas Urgentes contó sólo con los votos de CC y del PP para salir adelante, a pesar de que las anteriores normas en materia de protección medioambiental y de ordenación territorial se habían aprobado por consenso.
Ley de Participación Ciudadana.- Esta falta de sintonía entre los dos grupos de gobierno y la oposición se repitió de nuevo en relación con la Ley de Participación Ciudadana, en la que los socialistas denunciaron lo que interpretaron un intento del Gobierno para secuestrar las consultas populares.
La oposición apoyó sus críticas en sendos informes críticos del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social, que consideraron que el articulado tiene importantes lagunas jurídicas y económicas.
Según el Consultivo, la nueva norma no aclara convenientemente que el derecho a la participación ciudadana que pretende regular debe ejercerse en el terreno administrativo y no en el político.
Relaciones con el Estado.- Al margen de la actuación directa del Gobierno canario en las Islas, su relación con el Estado acabó el año mucho mejor de lo que comenzó. De la política de la confrontación se pasó a la del consenso. Los resultados de las elecciones vascas y gallegas, tras las que PNV y BNG se desmarcaron del Gobierno de Zapatero, favorecieron un acercamiento de Coalición Canaria al Ejecutivo central por el valor de los votos de los dos diputados nacionalistas.
Este cambio de rumbo en Madrid motivó, entre otras cuestiones, que Canarias acogiera en octubre un Consejo de Ministros en el que se aprobó el denominado Plan Canarias -con una supuesta inversión de 25.000 millones de euros del Estado en las Islas- y contribuyó a que el Gobierno de Rivero apoyara el cuestionado nuevo modelo de financiación autonómica, pese a que con él no se lograban las cantidades que esperaba el Ejecutivo regional.
la polémica
Soria sale indemne de las acusaciones
Durante gran parte del año que acaba de concluir, el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, y también presidente del Partido Popular regional, José Manuel Soria, fue visitante habitual de los juzgados por el que se conoció como "caso salmón". En el citado caso se investigaba el viaje de Soria a Noruega y Austria en agosto de 2005, acompañado por el empresario turístico ya fallecido Björn Lyng, cuando era presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Tras prestar declaración varias veces ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Margarita Varona, un auto de la Sala de lo Penal y Civil del citado tribunal dictó finalmente en julio del pasado ejercicio un auto en el que archivó definitivamente la mencionada investigación judicial. Con el archivo de la causa, en la que también figuraba como imputado el secretario general del Partido Popular en el Archipiélago, Manuel Fernández, como supuesto cooperador necesario de cohecho, se dio carpetazo a crispados debates parlamentarios y la imagen del líder del PP, al contrario de lo que pretendía la oposición, salió reforzada. Con todo, el vicepresidente canario ha seguido en el punto de mira del PSC por esta y por otras actuaciones.