Seis meses después de que el Tribunal Supremo declarase nulo el concurso de farmacias celebrado en 2001 en Canarias tras detectar un fallo de forma en la convocatoria, el asunto está más lejos de resolverse que nunca, puesto que en el seno de la profesión farmacéutica se ha abierto un duro enfrentamiento entre los que están a favor de que el fallo se ejecute y se modifique el mapa farmacéutico, y quienes consideran que es inviable y que lo mejor es que se busquen medidas alternativas para evitar el perjuicio que ello supondría para quienes llevan cerca de una década ejerciendo con toda normalidad dicha actividad.

Por su parte, el Gobierno de Canarias ya se ha posicionado claramente a favor de esta última opción y ha querido evitar el cierre de las 54 boticas concedidas en aquel concurso (en realidad fueron 63 pero sólo se abrieron 54), a través de la incorporación de una disposición adicional de la Ley Canaria del Turismo en la que se garantiza a todos los despachos afectados que contarán con una autorización para continuar legalmente con su actividad.

La medida será llevada a los tribunales por el Partido Socialista y probablemente también por Plafarma (Plataforma para la Apertura Libre de Farmacias), quien se ha mostrado muy crítica con el actual sistema de concursos vigente en la comunidad autónoma por considerarlo "injusto" y "anticuado".

En este sentido, mientras que el Colegio de Farmacéuticos ha mostrado por boca de su presidente su satisfacción con la decisión del Ejecutivo canario "porque evita el cierre de establecimientos farmacéuticos", otras organizaciones de la profesión lamentan que se haya perdido la oportunidad para regular de forma más organizada y eficaz la concesión de oficinas y el actual mapa.

"Se está intentando proteger los intereses económicos de unos pocos políticos con farmacia y farmacéuticos con farmacia frente al resto de la población y de otros profesionales del mismo sector", aseguran desde Plafarma antes de preguntarse "cómo puede ser posible que el Ejecutivo no tenga en cuenta una sentencia firme del Tribunal Supremo".

Plafarma en septiembre se personó ante la justicia y solicitó formalmente la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con el objetivo de que, en aplicación del artículo 43 del Tratado de la Unión Europea, se aprovechara para implantar el derecho al libre establecimiento e igualdad de oportunidades.

Por su parte, el Partido Socialista ha anunciado su intención de llevar el asunto ante el Tribunal Constitucional "lo antes posible", puesto que consideran que la ley atenta contra los derechos fundamentales de la ciudadanía", tanto en su contenido como en la forma en la que fue aprobada, puesto que consideran que no se respetaron las normas parlamentarias.

El mismo día de aprobación de la norma los diputados socialistas criticaron con dureza a Coalición Canaria (CC) y al Partido Popular (PP) por "aprovechar una ley que sólo debería adaptar el turismo en Canarias a la legislación europea para realizar la ordenación de la actividad farmacéutica e incluso otras cuestiones como el transporte terrestre y la actividad turística en La Gomera, El Hierro y La Palma".

Por si este batiburrillo de posturas enfrentadas fuera poco, ya se han personado en la causa abierta contra el Gobierno de Canarias varios farmacéuticos, que bien por considerarse afectados por el concurso celebrado en 2001, o bien por haber sido beneficio de él, solicitan a la justicia o que decrete cuanto antes la ejecución de la sentencia a través del cierre de las boticas o, según la postura que defienden este último grupo de particulares, que no se cierre ningún despacho debido al perjuicio (a su juicio irreparable) que se le causaría a los farmacéuticos, sus familias, empleados y ciudadanía, que sería incalculable.