El Ejecutivo autonómico, los cabildos y los ayuntamientos acordaron ayer poner en marcha desde ya el proceso de la llamada tercera descentralización, que servirá para distribuir, de forma definitiva, las competencias de esas tres administraciones en el ámbito canario. Pero la discusión de la financiación necesaria para desarrollar esas competencias y la fecha de su entrada en vigor quedó postergada de manera indefinida ante la imposibilidad de reasignar los recursos de la Comunidad Autónoma para hacerlas realidad.

Eso sí, las partes decidieron ayer que la primera fase de este proceso sí tiene fecha de caducidad: la redistribución de competencias tiene que estar concluida en 2010, de manera que quede asentado un modelo con el que podrán trabajar en el futuro.

El consejero regional de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, explicó tras el encuentro la manera en la que se ejecutará el proceso.

Don comisiones

Para empezar, señaló Ruano, las tres administraciones constituirán en breve dos comisiones, una de carácter técnico y la otra de perfil político, que serán los órganos a través de los que se encauzará el proceso.

En estas comisiones habrá dos representantes por los cabildos, otros dos por los ayuntamientos y tres por la Comunidad Autónoma y se reunirán, en principio, cada dos meses.

La idea es que entre ambas, la Comunidad llegue a disponer de una "estrategia global" para la transferencia de competencias de tal forma que se evite su duplicación.

Así lo explicó el anterior presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, que hasta ayer también lo era de la Federación Canaria de Islas (Fecai).

Curbelo, que calificó como "positivo" el encuentro, también se mostró crítico con el resultado obtenido debido al tiempo que han demorado las administraciones en llegar a un acuerdo en esta materia. "Ahora haremos caminar de forma paralela el nuevo modelo administrativo y competencial", añadió.

Aunque Curbelo dejó claro que la descentralización "no puede desvincularse" de la ficha financiera, el presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Lázaro Brito, admitió que así ocurrirá.

"La competencia que más nos interesa, la relacionada con los servicios sociales, no dará problemas y creo que tendremos los fondos para ejecutarla cuando quede definido el marco, pero en otras materias es posible que se carecerá de recursos", reconoció.

Brito señaló que "estamos en crisis: lo importante ahora es clarificar las competencias y, más adelante, estableceremos la ficha financiera".

Y es que tanto el consejero como los presidentes de los cabildos y ayuntamientos insistieron en la dificultad que supone la crisis para abordar el tema financiero.

Ruano admitió que "es posible" que la vigencia del proceso no corresponda a esta legislatura debido a la necesidad de asegurar la financiación del traspaso de competencias "porque con la crisis y la reducción de los ingresos, las consecuencias económicas de estos traspasos demorarán al momento oportuno".

Al final de año, el trabajo de ambas comisiones se deberá plasmar en un documento que, "a través del Gobierno o del Parlamento" hará realidad la descentralización. "Posiblemente, será necesario modificar alguna normativa reglamentaria, cuando menos, y quizás alguna modificación legal completa para materializarlo", avanzó el consejero.

En todo caso, ayer mismo los cabildos se pusieron a trabajar en la constitución de las dos comisiones. Tras el encuentro con el Gobierno, la Fecai acordó llevar "propuestas concretas con nombres y apellidos" a su próxima sesión para designar los dos representantes a que tiene derecho.

La reunión posterior de la Fecai sirvió, entre otros asuntos, para designar como su nuevo presidente al del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y como vicepresidenta, a la máxima responsable del Cabildo de La Palma, Guadalupe González. Los cabildos también pedirán al Gobierno que aclare si tiene "voluntad política" para buscar recursos adicionales para desarrollar los planes sectoriales.