Fumar o no fumar, ésa es la cuestión que ronda la cabeza de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. Ésta ha dejado caer en más de alguna declaración a los medios que se va a modificar la Ley del Tabaco para prohibir a los españoles fumar en todos los locales públicos durante este año 2010. Los empresarios se echan las manos a la cabeza; los fumadores se sienten como apestados y entre los no fumadores hay opiniones diversas. Ya están mezclados todos los ingredientes de una nueva polémica.

El principal argumento de los que están a favor de esta prohibición es la salud. La salud de los que no fuman, pero se convierten involuntariamente en fumadores pasivos y, también, pero en un segundo término, la de los fumadores.

Los que están en contra esgrimen su libertad para decidir fumar o no fumar. Además, los empresarios se quejan de las consecuencias económicas que esta decisión les puede traer.

En Canarias, los últimos datos sobre población adicta al tabaco son de 2004, es decir, dos años antes de que entrara en vigor la Ley Antitabaco. La Encuesta de Salud de ese año recogía que en las Islas fumaba el 31,7% de la población mayor de 16 años.

Por sexos, se declaraba fumador el 36,9% de los varones y el 26,4% de las mujeres. Desde la encuesta de Salud de Canarias de 1997 se aprecia un descenso leve del consumo global, producido por el descenso en varones, al contrario que las mujeres, que han ido incorporándose al colectivo de fumadores.

Según datos facilitados por Salud Pública, en Canarias cerca del 30% de los locales de ocio son libres de humo. El porcentaje es bastante escaso, pero los empresarios no están por la labor de apoyar la nueva legislación que echaría a la calle a todos sus clientes fumadores.

Un mal momento

"Este no es el momento apropiado", asegura José Antonio Santana, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería, Ocio y Servicios (Fecao) de Santa Cruz de Tenerife.

Santana calcula que la aplicación de esta normativa, que "aún es un borrador que está en el Parlamento", acarrearía una caída de cerca del 10% de los beneficios de los empresarios. "Los beneficios ya han caído un 30% a consecuencia de la crisis", asegura, para añadir que una pérdida de ingresos del 40% "no hay empresario que la resista".

Por este motivo recuerda que la hostelería en nuestra provincia genera 100.000 puestos de trabajo directos y lo más sensato es que el Ministerio de Sanidad esperase "a que se supere la crisis".

Además, añade que hay empresarios que hicieron un esfuerzo económico y adaptaron sus locales para tener espacios separados para fumadores y no fumadores. Se trata de un porcentaje muy pequeño, "un 1%", pero serán los más perjudicados. "¿Por qué no prohibieron fumar en todos los locales públicos hace cuatro años, cuando sacaron la ley?", se pregunta el presidente de la Fecao.

En la misma línea se manifiesta el portavoz de la asociación nacional Fumadores por la Tolerancia, Javier Blanco, que asegura que "es una norma que la gente no está pidiendo".

Esta agrupación da la vuelta al porcentaje del 56% de la población española a favor de este cambio, para hacer hincapié en que el 44% de los españoles la rechazan.

Blanco se muestra a favor de potenciar la separación de espacios para fumadores en los locales públicos para que "el derecho de todos sea respetado".

"Esta no es una ley para defender la salud de nadie", afirma. En opinión de Fumadores por la Tolerancia, esta normativa persigue obligar a los fumadores "a tomar una decisión que no compete a nadie más que a ellos mismos".

"En 2008, los fumadores pagamos más de 10.000 millones en impuestos y yo calculo que desde el año 90 podemos haber abonado más de 107.000 millones de euros, que se dice pronto", apostilla Blanco.

Y llegamos al tema del dinero. Algunos representantes políticos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, han recomendando al Gobierno que, si tan preocupado está por la salud de los españoles, prohíba el tabaco y deje de lucrarse con los elevados impuestos que pagan los fumadores.

María Teresa Marco, del grupo de Tabaco de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria (SoCaFYC), asegura que "el gasto sanitario" que generan los problemas de salud derivados del tabaco es tan elevado "que no se compensa con este dinero".

"Si a día de hoy todos los impuestos relacionados con el tabaco dejaran de cobrarse y se prohibiera el tabaco, habría que seguir pagando las consecuencias de haber fumado en los últimos 20 años", añade Marco.

Y es que el fundamento de esta nueva ley es mejorar la salud de los españoles porque lo que sí está demostrado es que el tabaco nunca, en ningún caso ni dosificación, es una sustancia inocua para nuestro organismo.