El Gobierno canario cambió, sin notificarlo, el presupuesto al Parlamento regional para este año. La modificación sirvió para restar de sus arcas casi 200.000 euros.

Los fondos incluidos en la Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este año ascienden a unos 25,8 millones de euros, "cuando debieron ser cerca de 26 millones", se explica desde el Parlamento.

A la Mesa llegó la semana pasada un informe sobre este asunto. El órgano quedó "perplejo y asombrado de forma unánime", se asegura desde la Cámara.

"Es algo tan grave que nadie quiere lanzar la idea de que esto fue intencionado sin investigar antes para ver si hubo un error", explicaron ayer fuentes parlamentarias.

Mientras tanto, desde el Parlamento se asegura que la Mesa observa una línea de actuación "institucional" y quiere saber qué es lo que ha sucedido antes de adoptar una posición pública al respecto.

Por este motivo, el Parlamento espera una explicación del Gobierno autonómico antes de dar los detalles que, previsiblemente, hoy comunicará el presidente de la Cámara regional, Antonio Castro, a los grupos. "La Mesa está en trámite de respondernos sobre este tema", manifestaron fuentes de la Cámara. Si bien en el Parlamento se desconoce aún si se trató de un error administrativo o si hubo intencionalidad por parte de la Administración regional, ayer el malestar por la situación creada era evidente.

La relativa pequeña cuantía de la disminución (que no llega a los 200.000 euros) en términos del presupuesto autonómico (cercano a los 7.500 millones) lleva a pensar a las fuentes consultadas que es "improbable" una intencionalidad política, "pero será la investigación la que lo dejará claro".

Las fuentes lamentaron que, en cualquiera de los dos casos, "lo que sí queda claro es que ha habido una vulneración parlamentaria incuestionable e imperdonable".

En este sentido, la valoración coincide con la efectuada por el grupo socialista, que también considera que el Gobierno canario vulneró la autonomía del Parlamento, si bien cifró la disminución presupuestaria en unos 400.000 euros, y adelantó que podría haber "visos de inconstitucionalidad".

En todo caso, desde la Cámara se insiste en que "lo que está planteado aquí no es un problema de dinero, sino de fuero, porque el Gobierno ha tratado al Parlamento como una de sus consejerías, con un desprecio absoluto".

"Más que el ingreso del dinero, lo que el Parlamento necesita y quiere es una explicación de lo sucedido", añaden las fuentes parlamentarias. La situación es "inédita" al ser la primera vez que se plantea con este Gobierno o cualquiera de los pasados".

Sin importancia

Ante las acusaciones, el presidente del Parlamento, Antonio Castro, replicó que se trata de un tema "meramente administrativo" y que "lo importante es que los presupuestos están aprobados". Además, "esto no tiene relevancia política ni práctica" y aclaró que la sección en la que recayó la modificación "fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos".

Por su parte, el portavoz parlamentario del Partido Popular (PP), Miguel Cabrera, dejó claro ayer que "la potestad parlamentaria respecto al presupuesto no es ilimitada ni infinita", sino que tiene una autonomía "con ciertos límites".

"Cosa distinta es que, y esto no me consta, que el Ejecutivo haya tomado una decisión sin notificar a la Mesa ni al presidente del Parlamento motivado por las restricciones que impone la crisis", indicó.

"Todos los órganos de la Comunidad Autónoma deben ajustarse el cinturón, lo que la Cámara habría aceptado si el Gobierno se lo plantea", añadió Cabrera.

"Pero debe quedar claro que la potestad de autorregulación de la Cámara para plantear su presupuesto no es ilimitada, sino que se trata de un órgano de la Comunidad Autónoma: el más importante", concluyó.