La Policía Nacional desarticuló en Barcelona una banda dedicada a falsificar y vender certificados de empadronamiento para inmigrantes a un precio que oscilaba entre los 1.500 y los 3.000 euros. De dicha organización formaría parte un empleado de un ayuntamiento de Tenerife que aún no está identificado. Por su presunta relación con el citado grupo fueron detenidas 24 personas, entre las que figuran tanto los extranjeros que adquirieron los documentos falsos como quienes se encargaron de realizar los duplicados y su posterior venta.

Entre los miembros de la banda figura presuntamente un empleado de un ayuntamiento de la provincia tinerfeña, que era el responsable de distribuir los documentos falsos en Canarias y que fue reconocido por las víctimas.

De hecho, entre los certificados de empadronamiento requisados por la Policía Nacional figuran papeles que simulaban ser expedidos por los consistorios de Gandía (Valencia), Tías (Lanzarote), Azpeitia (Guipúzcoa), Premià de Mar (Barcelona) y, principalmente, de las localidades tinerfeñas de Candelaria y Arona.

Los certificados falsos eran adquiridos por inmigrantes en situación irregular que fundamentalmente pretendían utilizarlos para obtener el permiso de residencia por arraigo.

Por ese motivo, la banda traficaba también con informes de inserción expedidos por servicios sociales municipales, certificado que los extranjeros adjuntaban en algunos casos a la documentación requerida para su regularización administrativa.

Las investigaciones que han permitido desmantelar esta red se iniciaron el pasado verano, cuando se descubrió a un inmigrante de nacionalidad pakistaní que había solicitado la autorización de residencia por arraigo y aportaba un certificado de empadronamiento falsificado del Ayuntamiento de Candelaria.

A raíz de dicha investigación, los agentes descubrieron otros casos de inmigrantes que habían presentado documentos similares falsificados para tratar de demostrar una estancia en territorio español superior a tres años, como requiere la normativa de regularización.

Al parecer, el responsable de la banda era el que se encargaba de falsificar los documentos y de distribuirlos posteriormente al resto de integrantes de la red, que a su vez se dedicaban a captar a potenciales compradores.

A los detenidos, de origen pakistaní, se les intervinieron también impresos de empadronamiento, según la Policía Nacional.