Canarias sigue a la cabeza de las ejecuciones judiciales de hipotecas, un síntoma de la virulencia con la que la crisis se cebó en el Archipiélago cuando estuvo en su punto álgido. De acuerdo con los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, las familias y empresas isleñas sufrieron 4.125 de estos procesos en los primeros nueve meses de 2009, el doble que en el mismo periodo del año anterior, un incremento (99,7%) sólo superado por Aragón (132,7%) y La Rioja (114,8%).

El aumento medio del país en este periodo fue del 77,1%, con 66.371 ejecuciones, una cantidad que aún queda lejos de la previsión del CGPJ para el cierre del ejercicio, en torno a 115.000, lo que augura un repunte significativo en el último trimestre, del que no se han publicado datos. Se romperá así la aminoración apuntada en el intervalo julio-septiembre, en el que el avance interanual fue del 42,6%, el menor de los últimos dos años. En ese periodo, Canarias registró una subida del 66,9%, la segunda mayor del país, por detrás de la de Aragón (95,8%).

Para 2010, además, el Consejo prevé una nueva escalada hasta los 180.000 desahucios, a pesar de que los expertos creen que la crisis acentuará su desaceleración a lo largo de este ejercicio. Ocurrirá así porque, como explica el secretario general de la Unión de Consumidores de España (UCE) en la provincia tinerfeña, Raúl Alonso, "la ejecución hipotecaria no es la primera situación que se produce en una crisis familiar".

En llegar a ella "se tarda, no es una cosa inmediata", y es precisamente por eso por lo que es "probable", dice, que durante el resto del año "se sigan produciendo ejecuciones que arrancan en el momento más álgido de la crisis. Y mientras no se empiece a generar nuevo empleo y a reducirse la tasa actual de paro es muy posible que esto siga pasando".

En cualquier caso, el mantenimiento del Archipiélago en alrededor de 250.000 parados, como pronostica el Gobierno autónomo, podría implicar en los próximos años un estancamiento de estos procesos. Ahora afloran porque desde finales de 2007 -cuando arrancó la crisis-, la sobrecarga de trabajo de los juzgados ha prolongado estos trámites y, en consecuencia, ha aplazado la ejecución de las viviendas impagadas.

¿Qué opción tienen los prestatarios de la hipoteca si no quieren ver finalmente subastada su vivienda, como suele ser habitual? Lo "normal", apunta Alonso, es intentar renegociar el pago del préstamo con la entidad financiera. Pero a ésta, según el delegado en Canarias de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Jerónimo Barrera, "no le interesa ni siquiera la dación en pago de deuda", una opción que permite al afectado entregar su piso a cambio de saldar la deuda.

Alonso indica que esa renegociación "hay que ponerla en relación con la capacidad económica. En Canarias el nivel de renta media es menor y, por tanto, es menor la capacidad de negociación, que también merma por la tasa de desempleo, ya que lo que necesita la banca es garantizar el cobro".

Barrera va más allá: "La Ley Hipotecaria permite a la entidad financiera quedarse con la casa por el 50% del valor de tasación, pero el prestatario aún debe el otro 50% más intereses, costas y gastos. El banco tiene así un deudor fijo y una inversión a bajo coste que ya venderá, eso sí, al precio de tasación. De la otra manera sólo tiene una deuda y nada en el bolsillo".

"Interés" de la banca

En todo caso, el delegado regional de Ausbanc reconoce que "lo único" que se puede hacer hoy por hoy es "intentar arreglar la situación con el banco", principalmente porque la alternativa de vender el inmueble apenas tiene visos de éxito en un contexto de crisis inmobiliaria como el actual, que es el motivo por el que la dación en pago adquiere protagonismo.

Con este panorama, Barrera tampoco ve techo al alza de las ejecuciones hipotecarias: "Habrá muchas más porque el índice de paro ha continuado creciendo. La gente no trabaja, no tiene entrada de renta y no puede pagar; es así de sencillo. Y la banca, como no quita sus cláusulas de suelo, sigue arruinando a muchos clientes".

Como el representante provincial de la UCE, pone de relieve que los salarios en las Islas "son mucho más bajos", pero reclama más apoyo institucional a las empresas "para que no sigan desapareciendo y que se mantengan los puestos de trabajo. Arremeter contra los empresarios, como hace el Gobierno central -apostilla-, es una política equivocada".

"El Banco de España ya dice que éste va a ser un año muy difícil y caótico para la banca, y en una sociedad bancarizada como ésta, lo será para todos", concluye Barrera. La acumulación de "stock" inmobiliario, según los expertos, será una de las dificultades a las que deberá enfrentarse el sistema.