Las carencias de personal vuelven a hacerse patentes en lo que al régimen penitenciario se refiere, puesto que de las 74 plazas que se contemplan en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Centro de Inserción Social Mercedes Pinto de Santa Cruz de Tenerife (antiguo Tenerife I) sólo 42 están cubiertas.

Para los sindicatos CCOO y Acaip la situación es "preocupante", puesto que "el trabajo se está sacando adelante gracias al esfuerzo y buen hacer de los trabajadores, que tienen una sobrecarga de trabajo brutal", coinciden en decir los dirigentes de ambas fuerzas sindicales.

En la actualidad existen 230 reclusos en tercer grado, aunque la cifra varía frecuentemente, superando los 250.

Hay que aclarar que estos 42 funcionarios no se dedican en su totalidad a labores de vigilancia, puesto que entre ellos hay psicólogos y auxiliares que trabajan en la elaboración y seguimiento de los itinerarios de inserción.

"La administración es la única que puede permitirse abrir un centro de este tipo y hacerlo con semejante merma", explica el dirigente de Acaip, Jesús Sanz, antes de señalar que "se trata de un problema de fondos".

Según informa el portavoz de CCOO, Antonio Rodríguez, "las instalaciones, inauguradas a comienzos de octubre, son modélicas. Todo un ejemplo a seguir, pero eso de nada vale si la Administración central, como es el caso, no prevé el presupuesto suficiente para la contratación de la plantilla".

En este sentido, Sanz alude a un segundo factor que influye también en el funcionamiento eficaz del CIS. "Cerca de la mitad de la plantilla está en prácticas o en comisión de servicio y en breve tendrán que ir a sus destinos definitivos".

Este es el caso de muchos de los trabajadores que actualmente prestan servicio en el CIS Mercedes Pinto y que están pendientes de su incorporación al Centro Penitenciario de Lanzarote.

Cabe recordar que cuando un preso alcanza el tercer grado entra en vigor de lleno el mandato constitucional de la reeducación y reinserción social de los reclusos.

Jurídicamente se entiende como una forma de seguir cumpliendo condena, pero en situación de libertad o semilibertad, otorgando el Estado su confianza a quien ya está a punto de terminar su condena y quiere volver a ser parte activa de la misma.

Durante este tiempo la persona estará bajo supervisión, que puede traducirse en que ha de ir a dormir a la prisión todas las noches, o que debe presentarse ante el juez cada tiempo o que incluso que gozará de libertad controlada por una pulsera que le imposibilita estar en determinadas zonas en determinados horarios.

"Se trata de una labor importantísima que los trabajadores deben hacer tanto en preparación para la integración social como en el control de que todo va según lo previsto", explica Jesús Sanz, antes de sentenciar: "Por eso, con estos medios personales, es imposible ofrecer ninguna garantía".