Los seguidores del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, conocidos como los "camisas rojas", anunciaron ayer que concentrarán la protesta en el distrito comercial de Bangkok para librar la última batalla contra el Gobierno de Tailandia.
"No habrá más negociaciones", afirmó Nattawut Sikua, uno de los jefes del Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura, la plataforma que organiza las manifestaciones antigubernamentales que tienen tomadas algunas zonas de Bangkok desde hace un mes.
Sikua aseguró a miles de seguidores que el final del Gobierno está cada día más cerca.
Cientos de opositores se trasladaron a la zona comercial indicada por su dirigentes y abandonaron Phan Fa, el otro área que ocupaban cerca del casco antiguo, donde el sábado pasado se enfrentaron con los soldados y hubo 23 muertos y 874 heridos.
En Phan Fa quedó el rastro de la batalla campal, sangre seca en el suelo, algunas manchas marcadas con la bandera tailandesa, y vehículos militares a los que los manifestantes arrancaron sillones, volante, puertas, partes del motor y otras piezas.
La reagrupación de los "camisas rojas" se produjo justo el mismo día en que se conoció la muertes de un civil y un militar heridos el sábado, con lo que subió a 23 la cifra de víctimas mortales. Según el centro de emergencia estatal, los muertos son 19 civiles, incluido un reportero gráfico japonés, y cuatro militares.
Al menos un tercio de las personas heridas permanece ingresado en más de una decena de hospitales, y 17 de ellos en unidades de cuidados intensivos.
Las autoridades han acusado a un grupo de individuos, antiguos militares o en activo, de haber provocado la violencia durante el sangriento enfrentamiento del sábado. "No podemos dejarlos andar libremente por el país, tenemos pruebas fotográficas y vídeos que identifican a aquellos que portaban fusiles M16 y AK-47", afirmó el viceprimer ministro, encargado de la Seguridad, Suthep Thuagsuban.
A la presión en las calles se sumó el lunes la decisión de la Comisión Electoral de Tailandia de recomendar al Tribunal Constitucional la disolución del Partido Demócrata por financiación ilegal en 2005.
De prosperar la recomendación, el Partido Demócrata será disuelto y el primer ministro del país, Abhisit Vejjajiva, y los otros miembros de la ejecutiva quedarán inhabilitados para desempeñar cargos públicos durante cinco años.