Familiares de aproximadamente 2.000 enfermos de alzheimer intentarán que el Gobierno regional se siente en el banquillo de los acusados por no cumplir con las exigencias que la Ley de Dependencia determina en lo que a ayudas se refiere.
La portavoz de este colectivo que agrupa fundamentalmente a enfermos de Gran Canaria, Josefa Afonso, acompañada por otros representantes y tutores, ya ha presentado una reclamación en la Consejería de Sanidad y en la Bienestar Social, Juventud y Vivienda. Igualmente ha comunicado la situación al Diputado del Común de la capital grancanaria
"Rechazamos la situación en la que se encuentran los mayores que padecen esta enfermedad y que actualmente están como usuarios de día en los centros de alzheimer Canarias", dijo Afonso antes de criticar "la tardanza del Gobierno regional en tramitar los expedientes para acceder a las correspondientes ayudas que contempla la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno central", resaltando que en algunos casos supera los dos años.
"Pedimos el amparo del Diputado del Común para que el Ejecutivo autonómico tramite de una vez estos expedientes y así los perjudicados pasen a recibir esa ayuda tan necesaria en la mayoría de los casos".
Asimismo, este colectivo quiso aclarar que en gran parte de los casos presentados ya se ha reconocido el grado y nivel de dependencia, pero no han sido iniciados los Planes Individualizados de Atención (PIA), que recoge la citada ley y que permiten que sea la familia la que decida lo más adecuado para su enfermo".
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