José Pérez Ventura, abogado del colectivo Justicia y Sociedad y miembro de IUC en Tenerife, anunció ayer que la próxima semana presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción como consecuencia de las declaraciones de Manuel Fernández, secretario regional del PP, y Cristina Tavío, presidenta insular de esta formación, puesto que, "claramente reconocen una financiación ilegal de su partido y una aplicación de los fondos claramente ajena a la finalidad que tienen establecida".

Pérez Ventura hizo este anuncio a raíz de las reacciones que se han suscitado en las filas populares tras la difusión de la justificación de la asignación de todos los grupos políticos del ayuntamiento de Santa Cruz en el pasado mandato, donde dijo, "hay una posible falsificación de documentos", algo que deduce de las propias declaraciones de Fernández y Tavío.

Explicó que "a raíz de que han salido a la luz pública aspectos como gastos en ropa interior, se han puesto muy nerviosos, hasta el punto de reconocer que han cometido una serie de presuntos delitos", que han motivado que el colectivo que representa "acuda a la Fiscalía a principios de la próxima semana".

Investigarlo todo

El argumento de la querella, que dijo "será sencillo", se sustentará en aportar las grabaciones con las declaraciones de los dos dirigentes populares. Sin embargo, indicó que de momento, aunque las acciones se centrarán en el PP, dijo que "en CC también hay unos gastos curiosos en comidas. El PSC también está en las mismas".

Por ello, no dudó que esta denuncia, que servirá en un principio para investigar al PP, "que nos ha parecido escandaloso", también podrá valer para "averiguar los gastos del resto de grupos, para que se aclare si ha habido irregularidades".

Pérez Ventura consideró que el resultado del informe donde se analizan los gastos de los grupos municipales entre los años 2003-2007 "es una muestra más de cómo se gestionan los recursos públicos y de la conciencia de impunidad con que se actúa, sin darse cuenta de que lo que han reconocido puede tener relevancia penal y es un auténtico despropósito".

Además, añadió que la decisión de emprender esta denuncia también persigue "aclarar si en la actualidad, donde la gente es más sensible porque estamos en crisis, averiguar si se sigue gastando el dinero de esa forma, pues es un auténtico despropósito pagar viajes particulares que lejos de pedir una disculpa, lo que hacen en el PP es abrir una investigación interna para averiguar quien filtró el informe que es una información pública".

En este sentido, añadió que "se tratará de averiguar si el gasto actual se ajusta a la finalidad para la que se estableció".

Reconocimiento tácito

Tavío reconoció esta semana que lo que ha pasado en el Ayuntamiento de la capital con las facturas presentadas por su grupo es que "en aquel momento la legislación no permitía que la asignación de los grupos políticos se pasara directamente al partido y los concejales aportaban sus facturas personales de gasto que, por supuesto, no declaraban en otro sitio, y no hay ningún problema".

En esta línea coincidió con el secretario regional del Partido Popular, Manuel Fernández, que también admitió la utilización de facturas privadas de los concejales para financiar el partido y que lo que se hizo fue usar "un subterfugio" para dotar de fondos a la organización porque la legislación no lo permitía.