El Cabildo de Tenerife garantiza la financiación para la redacción de los proyectos de los trenes de Tenerife, una vez asegurada la partida de 10 millones de euros que aparece en los Presupuestos Generales del Estado de 2011.

En un comunicado remitido hoy se asegura que el consejero insular de Economía y Competitividad, Carlos Alonso se ha mostrado satisfecho por esta decisión que espera "se traduzca en un compromiso serio por parte del Ministerio de Fomento ante una demanda que nos equipararía al resto del territorio español".

El presidente del Cabildo, Ricardo Melchior y el ministro de Fomento, José Blanco, suscribieron el pasado mes de julio el convenio de colaboración para la financiación de estos trabajos correspondiente al presente ejercicio por lo que la cantidad prevista para 2011 se sumaría a los cinco millones aportados en 2009 y los ocho de 2010".

Entre las actuaciones previstas de acuerdo con el convenio aprobado destaca la redacción de los proyectos, estudio de impacto ambiental y adquisición o expropiaciones de la línea de ferrocarril, desde Santa Cruz hasta Adeje, con extensión a Fonsalía, así como sus intercambiadores de transporte.

Del mismo modo se incluye también la línea entre Santa Cruz y Los Realejos con extensión al Noroeste y sus correspondientes intercambiadores.

En cuanto a las obras de construcción de esta infraestructura, Carlos Alonso espera que se cumpla el compromiso político con Coalición Canaria para el correcto cumplimiento del convenio suscrito con el Ministerio de Fomento en el que se especifica que la Administración General del Estado y el Cabildo de Tenerife acordarán en el primer trimestre de 2011 la financiación del los sistemas ferroviarios como alternativa de transporte interurbano en Tenerife.

Estos convenios deberán incluir las aportaciones plurianuales de la Administración General del Estado que permitan cubrir las necesidades económicas de dichos proyectos bajo un esquema de financiación público-privado.

Los convenios permitirán el inicio de las obras a partir de 2012, aunque las aportaciones del Estado se iniciarán sólo a partir de 2015, durante un periodo máximo de 30 años.