Cinco víctimas de vuelos secretos de la CIA presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo de EEUU para que revise la decisión de una corte de desestimar su demanda contra una filial de Boeing por haber colaborado presuntamente en el programa de rendición extraordinaria del Gobierno de George W. Bush.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) registró el recurso en nombre de cinco hombres, un egipcio que buscaba asilo en Suecia, un etíope y un iraquí residentes legales en Reino Unido, un yemení y un italiano de origen marroquí, según consta en la documentación que publica hoy en su página web la organización.

El recurso tiene su origen en la denuncia que presentó ACLU el 30 de mayo de 2007 contra Jeppsen DataPlan, la filial de Boeing.

En la demanda, estos cinco hombres, Binyam Mohamed, Ahmed Agiza, Abou Elkassim Britel, Bisher Al-Rawi y Mohamed Farag Ahmad Bashmilah, exigían una indemnización por la presunta colaboración de esa filial de Boeing en el secuestro, la detención arbitraria y la tortura que afirman que sufrieron cuando fueron capturados y trasladados en vuelos secretos a prisiones en el extranjero.

El Gobierno de EEUU no fue mencionado en la demanda, pero intervino presentando un recurso incluso antes de que Jeppsen respondiera a la denuncia "con el único propósito de alegar que el caso debía ser desestimado debido a los privilegios de los ''secretos de Estado", explicó ACLU.

Esta entidad añadió que Washington dijo que cualquier litigio sobre las acusaciones de los peticionarios dañaría la seguridad nacional.

En febrero de 2008, un tribunal federal admitió el recurso para desestimar el caso, pero en abril de 2009 un panel de tres jueces del tribunal federal de apelaciones del noveno circuito revirtió esa decisión al considerar que la alegación del Gobierno era demasiado "prematura y generalista" y que ese privilegio solo se puede invocar en relación a pruebas específicas.

El Gobierno pidió una revisión del panel de jueces y el tribunal de apelaciones dio en septiembre de 2010 con seis votos contra cinco razón al tribunal federal con el argumento de que no había manera de abordar este caso sin crear un riesgo injustificable de que se divulgaran secretos de Estado.

De los cinco peticionarios uno fue detenido en 2001, tres en 2002 y uno en 2003.

En el recurso, ACLU explica que la implicación de Jeppsen en los vuelos de rendición de los cinco demandantes, al igual que en "otros muchos" casos, "es de conocimiento público", dado que consta en planes de vuelo y en otros documentos registrados con autoridades de aviación nacionales e intergubernamentales en EEUU y en Europa.

Entre los servicios que habría prestado Jeppsen DataPlan a la Agencia Central de Información (CIA) se mencionan el registro de planes de vuelos, la planificación de itinerarios, la obtención de permisos de aterrizaje y para repostar y la prestación de los servicios en tierra de los aviones.

En un comunicado, ACLU afirma que "la referencia continua del Gobierno a los secretos de Estado para evitar un escrutinio judicial de la tortura amenaza el principio fundamental de la separación de poderes", afirmó Steven Watt, abogado de la organización.

"Ningún tribunal ha cumplido hasta ahora sus importantes funciones constitucionales para decidir sobre la legalidad de las políticas de tortura de la Admnistración Bush. El Tribunal Supremo debería admitir este caso y determinar que las víctimas de tortura tienen derecho a la reparación", agregó.

Por su parte, Steven Shapiro, director legal de ACLU, explicó que el Tribunal Supremo no ha revisado el uso que hace el Gobierno del privilegio de los secretos de Estado en más de medio siglo, mientras que EEUU ha cometido "graves" violaciones de los derechos humanos utilizando este argumento para evitar una acción judicial.

Por eso, dijo, es cada vez más importante que el Supremo examine su uso por parte del Gobierno.