La Comisión Europea desea endurecer las sanciones aplicables al sector financiero, incluidas penales, e introducir una mayor convergencia entre los distintos regímenes sancionadores de los estados miembros para desincentivar los abusos detectados durante la crisis financiera, según anunció ayer Bruselas.

"Vamos a trabajar en la coordinación. Dejaremos a los estados una flexibilidad para aplicar esas sanciones, pero creo que hay razones para establecer estándares mínimos sobre puntos clave, para que las sanciones sean disuasorias, eficaces y proporcionales", explicó el comisario de Servicios Financieros, el francés Michel Barnier.

Barnier puso un ejemplo: la multa impuesta recientemente a Goldman Sachs por ocultar información al regulador británico ascendió a 17 millones de libras, mientras que la misma infracción está tipificada en unos 150.000 euros en otros estados miembros.

"Hay reglas diferentes, una calificación de sanciones diferente, una aplicación muy dispar de estas sanciones", dijo Barnier, quien añadió que "los operadores y directivos tienen que tener presente que no se saldrán con la suya y que la respuesta va a ser dura, cualquiera que sea el lugar de Europa donde se produzca la infracción".

Estos estándares mínimos que la Comisión quiere introducir también afectarán a las sanciones penales, según dice el comunicado enviado por el Ejecutivo comunitario. Actualmente, sólo 13 de los 27 estados miembros cuentan con penas de cárcel para los infractores que violen la normativa financiera.

Bruselas inició ayer una consulta pública sobre este asunto, que estará abierta hasta el 19 de febrero próximo, tras lo cual la Comisión decidirá si redacta una propuesta legislativa al respecto.

La Comisión también abrió otra consulta sobre la reforma de la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID), que sólo lleva tres años en vigor pero que es necesario reformar debido a la revolución tecnológica en las prácticas de inversión y a los riesgos destapados durante la crisis.

Asimismo, desea introducir mayor transparencia para luchar contra la "hiperespeculación escandalosa" en los mercados de materias primas agrícolas, para "evitar las consecuencias que puede tener sobre algunos países y poblaciones" vulnerables.

Esta segunda consulta estará abierta hasta el 2 de febrero, con objeto de poder presentar propuestas legislativas concretas en primavera.

En otro contexto, diez estados miembros -Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia y Suecia- han pedido oficialmente a la Comisión Europea avanzar sin España e Italia, mediante una "cooperación reforzada", en la creación de una patente comunitaria que reduzca los costes para los innovadores.

A la solicitud se sumarán en breve otros dos países como Reino Unido e Irlanda. Sin embargo, Madrid y Roma vetan el acuerdo sobre la patente por considerar que se les discrimina, ya que su régimen lingüístico se basa en francés, inglés y alemán.