El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ciudad Real, estimó el pasado 28 de noviembre que, según los datos disponibles en ese momento, "no existían pruebas de una situación de riesgo objetivo suficientemente acreditado para la denunciante, especialmente cuando no se había constatado ninguna agresión previa", por lo que denegó la orden de protección a la joven, aunque esa decisión fue recurrida por la abogada de la ahora fallecida.

Así lo ha confirmado en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), que ha informado de que el Juzgado de Ciudad Real "practicó las primeras diligencias urgentes" y tomó la decisión "tras audiencia al Ministerio Fiscal". Además, constató que tras la denuncia, la pareja de la víctima abandonó de forma voluntaria el domicilio común y entregó la llave de la vivienda en el cuartel de la Guardia Civil de Porzuna el 30 de noviembre de 2010.

Tanto el auto de denegación de la orden de protección como el auto de sobreseimiento provisional --dictado por el Juzgado de Ciudad Real a instancias del Ministerio Fiscal-- fueron recurridos por la abogada de la mujer asesinada.

El TSJCM ha confirmado, por tanto, que hubo una denuncia previa de la víctima por presuntas amenazas, presentada ante el cuartel de la Guardia Civil de Porzuna.

En este momento el juzgado de guardia se encuentra pendiente de continuar el procedimiento a la espera de que la pareja de la víctima sea puesta a disposición judicial para tomarle declaración.