El gobierno de CC-PP en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz aprobó con sus votos el paquete de medidas económicas más drástico y restrictivo de la historia reciente de la institución con la oposición del PSC-PSOE y del concejal no adscrito Jaime Coello y el rechazo de la práctica totalidad de la plantilla de funcionarios y personal laboral, y que se sustancia en recortes salariales y sociales.

De estas medidas sobresalen la suspensión de las pagas extraordinarias de marzo y septiembre, pluses de toxicidad, penosidad, transporte, quebranto de moneda y reproducción de documentos; y suspensión de todos los complementos de productividad, premios de constancia y de 25 años de servicios prestados que se devenguen en 2011, entre otros. Igualmente, se aplica una disminución de los gastos de gestión administrativa con vistas a optimizar los recursos existentes.

En el debate de la propuesta conjunta de nacionalistas y populares, que se prolongó durante más de tres horas, se evidenciaron las diferencias de criterios de gobierno y oposición sobre la manera de entender la gestión pública en un escenario de crisis económica y de un déficit estructural crónico de la primera institución local, que se agarra al paquete de recortes salariales y de derechos sociales de los empleados públicos y de la política de reducción del gasto en la administración, como si de un clavo ardiente se tratara, para poder seguir haciendo frente al pago de las nóminas de los 435 trabajadores de la plantilla municipal. Con la aplicación de las medidas de ajuste se pretende ahorrar en torno a los 2,6 millones de euros, según explicó la concejala de Hacienda, Sandra Rodríguez.

La enmienda a la totalidad de la propuesta de medidas extraordinarias y la petición de que quedara sobre la mesa, presentadas por el grupo socialista y el edil no adscrito Jaime Coello, fueron rechazadas por la mayoría cualificada del pleno (CC-PP), no sin un acalorado y tenso debate protagonizado por los portavoces de todas las fuerzas políticas y el alcalde, Marcos Brito. La mayoría de los asistentes a la sesión plenaria, entre los que había funcionarios y trabajadores, caldearon un tanto el ambiente con los aplausos a las intervenciones de los concejalas socialistas Lola Padrón (portavoz) y María Jesús Ferrer y del edil no adscrito Jaime Coello, y con voces airadas a las del concejal de Recursos Humanos, Luis Miguel Rodríguez, en sintonía con el rechazo al ajuste propuesto.

Luis Miguel Rodríguez fue lo suficiente explícito al señalar que "esto no lo aguanta nadie y habrá que apretarse el cinturón, para poder garantizar el pago de las nóminas", al tiempo que insistió hasta la saciedad en que se trata de la suspensión cautelar de derechos y no de su eliminación definitiva, hasta tanto se den las circunstancias que permitan restablecerlo o se aprueben los nuevos convenios colectivos del personal laboral y acuerdo de los funcionarios.

El grupo socialista condenó y rechazó el plan de saneamiento, por mediación de su portavoz, Lola Padrón, quien puso de relieve que "lo que se está aprobando hoy (por ayer) en el pleno no es un paquete de medidas sino un zarpazo a los convenios colectivos y a los derechos de los trabajadores".

Tanto el PSOE como el edil no adscrito coincidieron en la necesidad de disponer de un diagnóstico certero de la situación de las cuentas generales del consistorio y en base a dicho informe actuar en consecuencia.